El texto de la ley se ajustará para modular la obligación de que el payés viva en la explotación agraria, algo que no sucede en Mallorca. | J. Bagur

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PSIB y Més cambiarán el proyecto de ley agraria para matizar la imposibilidad de construir viviendas en las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA) si la edificación no está vinculada a una explotación agraria. Tal y como está redactado el proyecto de ley, en estos momentos sería imposible construir una casa en todo el suelo rústico de Eivissa, y quedaría protegido en la práctica la totalidad del suelo rústico de sa Pobla y de Campos, además de una importante extensión de Palma en la zona del Pla de Sant Jordi.

La redacción inicial de la ley provocó un primer choque entre los dos socios del Govern, PSIB y Més, que presentaron enmiendas a la ley en sentido divergente. Pasados unos meses, ahora negocian una solución transitoria que pasará por dejar en manos de los consells la regulación definitiva de la prohibición.

El problema que plantea la ley en su redactado actual es que, de forma transitoria, todas las zonas que la Ley de Espacios Naturales califica de Áreas de Interés Agrario, pasaban de manera automática a ser Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA) con la consideración de zonas inedificables. Solo se autorizaba la posibilidad de construir una vivienda para usos agrícolas al margen del tamaño de la parcela.

PSIB y Més cambiarán la ley agraria para rebajar la prohibición de construir en rústico

La solución

La consecuencia de la normativa aprobada por el Govern es que Eivissa queda totalmente inedificable, amplias zonas de Mallorca, también, pero la paradoja estaba en que en Menorca, donde no se puede construir viviendas en suelo rústico, la ley abría la puerta a nuevas edificaciones. La solución que negocian PSIB y Més pasa por dejar en manos de los consells la regulación definitiva de las ZAVAs, que serán muy inferiores a la propuesta actual.

Pero las discrepancias entre Més y PSIB van más allá y también habían surgido problemas con la regulación de las agroestancias. Los dos partidos han llegado ya a un acuerdo para aumentar el número de plazas turísticas que podrán comercializar los payeses. El proyecto de ley dice que serán seis, pero las negociaciones pasan por ampliar esta cifra hasta ocho o diez plazas.

La otra discrepancia que negocian afecta a la obligación de que el propietario viva en la explotación si quiere ofrecer plazas turísticas. El problema estriba en que en el caso de Mallorca el propietario de la explotación no suele vivir en ella, sino que lo hace en el municipio donde se ubique la finca agrícola, y en el caso de Menorca quien vive en la finca no es el propietario, sino el agricultor que mantiene la explotación. La solución que se negocia también pasa por dejar que sean los consells quienes decidan cómo fijar las condiciones para las agroestancias.