La ley establece más control sobre el sector de los rent a car, que está liberalizado y sobre el que el Ejecutivo tiene escasa capacidad. Además, obliga a las empresas a que establezcan sistemas de control internos sobre sus flotas y prevé que informen no sólo del número de vehículos que circulan en las Islas sino también del número de matrículas. | Redacción Local

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que el Govern remitió este viernes al Parlament para su aprobación definitiva, prohibirá en 2025 la circulación de coches diésel, salvo los que todavía tengan vida útil ese año. En 2035, la prohibición se extenderá todos los vehículos contaminantes, también furgonetas, que funcionen con gasolina.

Progresivamente se obligará a las empresas de alquiler de vehículos a incluir coches eléctricos. Un 2 % en 2020 (el Ejecutivo ha aceptado la petición de rebajar a este porcentaje el 10 % inicialmente previsto en el primer borrador) y un cien por cien en 2035.

La Ley de Cambio Climático, una pionera norma que el conseller de Territori, Marc Pons, espera que inspire al Ejecutivo central, permite al Govern intervenir por primera en las empresa de los coches de alquiler. Así lo puso de manifiesto el conseller Pons al informar de las empresas que operen en las Islas tendrán que informar no sólo del número de vehículos, sino también del número de matrículas e incorporar en un lugar visible si son eléctricos.

«Busca una transición justa, arrinconar las energías fósiles y ganar competitividad, ese es el objetivo», dijo el conseller. Precisó que la ley supone «un cambio de paradigma».

Horizonte 2050

Los puntos clave del proyecto son el impulso de las renovables, el cierre paulatino de las centrales térmicas más contaminantes de Balears (Es Murterar en Mallorca y la de Maó), avanzar en la transición hacia un modelo de transporte más sostenible e «ir ganando cada vez más en eficiencia», explicó.

El horizonte que fija el proyecto de ley para Balears se inspira en los Acuerdos de París y fija que las Islas estén libres de combustibles fósiles y con un cien por cien de energía renovable en 2050.

Pons destacó que la norma fija «un objetivo intermedio», con un plazo más corto en 2030, cuando un 35 % de la energía deberá ser renovable, frente al 2 % actual (con proyectos en tramitación que permitirían llegar a un 10 %, y que para Menorca supondrían alcanzar un 20 %); con una mejora de la eficiencia energética y una reducción del consumo del 23 % y la reducción de emisiones de CO² del 40 %.