Más de la mitad de las 71.255 viviendas vacías de las Islas están en la capital balear, según los datos del Censo de Vivienda del año 2011, el último que se ha dado a conocer. El próximo será el de 2021. | Pilar Pellicer

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Los grandes tenedores de viviendas, ya sean bancos, inmobiliarias o propietarios particulares, poseen un total de 3.184 pisos que llevan más de dos años vacíos y que se encuentran en condiciones legales de ser utilizados por el Govern para hacer alquiler social.

El Ejecutivo balear inició ayer el proceso de exposición pública del proyecto de decreto que regula las viviendas desocupadas de los grandes tenedores y ésta es una de las consideraciones que recoge la memoria. Las personas o entidades interesadas en presentar alegaciones disponen de 20 días para hacerlo.

Quienes tengan más de diez pisos que lleven vacíos al menos dos años tendrán que incluirlos en un registro para que el Ibavi pueda disponer de ellos y destinarlos a alquiler social. La inscripción es obligatoria y los ciudadanos podrán denunciar al Govern el incumplimiento de esta exigencia.

Obligados a colaborar

El decreto establece que tendrán la obligación de colaborar con la Administración las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones; las entidades locales, para dar información del censo y del padrón; los notarios, registradores de la propiedad y otros funcionarios y las personas físicas o jurídicas relacionadas con la intermediación inmobiliarias. También tendrán la obligación de colaborar las comunidades de propietarios y los administradores de fincas para informar de si efectivamente una vivienda está o no desocupada.

El decreto fija unos mínimos de consumo de luz y agua para que se entienda que la vivienda es vacía y se incluyen una serie de causas que justifican que las casas no estén ocupadas. En el caso de segundas residencias propiedad de grandes tenedores, se podrá reclamar su uso en las zonas donde exista emergencia habitacional.

Todas las viviendas se tendrán que inscribir en un registro para que el Ibavi las pueda destinar a alquiler social por un plazo de tres años. El Govern calcula que esas 3.184 viviendas se podrán alquilar a un precio que rondaría los 450 euros mensuales.

El número máximo de viviendas desocupadas sobre las que se puede reclamar la cesión vendrá determinada por el número de personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda que en estos momentos suma 2.800 peticiones. Los propietarios tendrán una compensación por esta cesión de tres años, que se marcará en una jurado específico creado a propósito.