El Gobierno mantiene su amenaza y considera que la ecotasa en los cruceros es inconstitucional porque dice que el Ejecutivo balear no tiene competencias sobre la lámina de agua. Es uno de los tres artículos de los Presupuestos de este año cuestionados. | Gabriel Alomar

27

El Gobierno de Mariano Rajoy abre otro frente contra el Govern y pone en el punto de mira otras tres leyes aprobadas por el Parlament ya que el Gobierno cree que pueden ser inconstitucionales: la del Suelo, la de Policías Locales y la de Presupuestos. De momento este frente es político, pero puede acabar siendo judicial si la amenaza se concreta en sendos recursos al Tribunal Constitucional.

Govern y Gobierno acaban de aprobar la creación de tres comisiones bilaterales para resolver las discrepancias políticas sobre estas tres normas. La más importante de todas es la amenaza ya conocida que pesaba sobre la Ley de Presupuestos de este año. Las dos administraciones han acordado sentarse para discutir sobre los tres preceptos que cuestiona el Gobierno: el pago de la carrera profesional a los funcionarios, la subida de la ecotasa para los cruceros y la extensión de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

Pero a esta advertencia se ha sumado la alerta de inconstitucionalidad sobre la Ley de Suelo, una de las leyes estrella de esta legislatura. Dos ministerios del Gobierno, el de Agricultura y el de Fomento, consideran que esta ley marco tiene aspectos inconstitucionales. Se cuestionan un total de doce artículos, aunque el Govern minimiza el contenido de estos preceptos y dice que no son asuntos clave. El director general de Ordenació del Territori, Luis Corral, asegura que, entre los artículos cuestionados, se encuentra uno que quita la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental para delimitar el suelo urbano en determinadas condiciones. Madrid tampoco está de acuerdo con un artículo que obliga a respetar la tipología constructiva de la zona. Teme que, por esta vía, el Govern pueda bloquear la construcción de infraestructuras portuarias o aeroportuarias. «Son cuestiones de matices, pero no de fondo», afirma el director.

La tercera ley sobre la que pese una amenaza de acabar en el Constitucional es la de Coordinación de Policías Locales. Con esta norma, el Govern pretende regularizar la situación de cerca de 700 policías que tienen contratos de interinidad. La ley les permite seguir cumpliendo su función de forma transitoria mientras el Govern convoca oposiciones. El Gobierno afirma que no puede autorizar que esos 700 policías sean interinos ya que la ley estatal obliga a que tengan la categoría de funcionarios. Madrid también cuestiona que el pago de la productividad a estos trabajadores comporte un aumento del coste de personal y cree que el Govern no puede autorizar los acuerdos bilaterales entre municipios para la coordinación de las respectivas policías.