La Guardia Civil detuvo a las cabecillas del grupo el pasado mes de septiembre. | Alejandro Sepúlveda

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El grueso del dinero defraudado con las estafas a hoteleros con falsas intoxicaciones alimentarias ha terminado en manos de abogados británicos. Según recoge un informe de la Policía Nacional, estos despachos se quedaban con un 60 por ciento de las reclamaciones que tramitaban por parte de turistas que mentían al decir que habían sufrido una intoxicación alimentaria en Mallorca. Los agentes destacan en el escrito que este proceder no es el usual en el Reino Unido. La juez, en un auto, destaca la falta de escrúpulos de estos despachos, claves en la puesta en marcha de la trama. Con ellos contactaban los británicos que, tras pasar unos días en la Isla, habían sido captados por los ‘tiqueteros’ de la organización y eran los encargados de dirigir las reclamaciones contra los hoteles.

La titular del juzgado de Instrucción 2 de Palma ha levantado el secreto de sumario sobre la causa, cuya investigación arrancó el pasado verano tras una denuncia de Mac Hotels y que desembocó en la detención de los supuestos responsables de la trama por parte de la Guardia Civil el pasado mes de septiembre.

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Tanto la policía como la Guardia Civil sitúan al frente de la organización a dos ciudadanos británicos que actuaban desde el Reino Unido: Ryan Bridge y Craig Kennerly. Eran los encargados de gestionar las reclamaciones que había captado la organización en Mallorca, que estaba dirigida por dos de las detenidas, Deborah Cameron y Laura Joyce. Estas dos empresarias, madre e hija, coordinaban al grupo de ‘tiqueteros’ que captaban turistas a las puertas de los hoteles. La organización funcionaba de una manera relativamente sencilla: un grupo de whatsapp. A través de esta aplicación los ‘comerciales’ apuntaban a los clientes que habían captado. Por cada uno que formalizaba la reclamación y cobraba, ellos se llevaban una comisión de cien libras. El nombre del grupo era significativo: Uk Holiday Claim LTD, Reclamaciones turísticas S.A.

Los investigadores ahora están pendientes de recibir datos bancarios de algunas de las empresas para comprobar un posible delito de blanqueo de capitales que se imputa en el caso.