Los controladores abandonaron sus puestos de trabajo el 3 de diciembre de 2010. Alegaron una enfermedad. Poco después se decretó el cierre del espacio aéreo y la situación se prolongó hasta que se decretó el estado de excepción.

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El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma ha impuesto una fianza civil de tres millones de euros que tendrán que abonar 82 controladores aéreos por el caos aéreo de 2010.

El magistrado ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la mayoría de los 84 que permanecían imputados en el caso y sólo se archivan las actuaciones para dos, a los que la Fiscalía ya había dejado al margen en su escrito de calificación provisional. De esta manera, todos ellos se sentarán en el banquillo de los acusados en la Audiencia, salvo que prospere el último recurso que tiene pendiente de resolver el tribunal: el que presentaron en bloque los controladores contra el auto que cerraba las investigaciones.

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Contra los controladores actúa la Fiscalía y otras cinco acusaciones. Se defenderán de peticiones que suben hasta los once años de prisión para cada uno, si bien el ministerio púbico plantea condenas más moderadas: cuatro años de cárcel en el caso más grave.

El auto del juez instructor defiende de nuevo que el delito aplicable al caso es el de sedición. Se trata de la infracción que provoca las peticiones de pena de cárcel y está contemplada en la Ley Penal en materia de navegación aérea. El magistrado mantiene que entre los controladores de Balears se produjo un concierto previo, «para conseguir por la fuerza y fuera de los cauces previstos en el ordenamiento jurídico, presionar a las autoridades y al Gobierno a los efectos de lograr sus objetivos» y señala que lo hicieron «sin pensar el grave perjuicio que podían provocar en miles de pasajeros».