La consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern, Fina Santiago, y la consellera de Benestar i Drets Socials y presidenta del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver. | CAIB

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La consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern, Fina Santiago, y la consellera de Benestar i Drets Socials y presidenta del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, han presentado este jueves el convenio entre las dos instituciones mediante el cual los servicios sociales básicos de Mallorca recibirán un total de 11.150.413 euros el 2017, de los cuales el Govern aporta 9.091.102 euros, y el Consell Insular de Mallorca, 2.059.311 euros.

Se trata de la partida más grande que las dos administraciones destinarán al mantenimiento de los servicios sociales municipales, la cual, durante esta legislatura, ha aumentado un 29,9%. El aumento del financiamiento respecto al año pasado es del 23%, año en que se destinaron 9.072.765 euros; mientras que el 2015 la aportación fue de 7.182.892 euros, y el 2014, de 7.117.393 euros. «Hemos pasado de 7 millones a principios de legislatura a 11,1 millones de euros el año 2017», ha apuntado la consellera Fina Santiago, hecho que indica el compromiso y el esfuerzo del Govern y del Consell de Mallorca respecto a los servicios sociales de los ayuntamientos después de una estrategia política del anterior gobierno de no fortalecer los servicios sociales comunitarios».

El convenio presentado este jueves por las dos conselleras es el fruto de la colaboración entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació y el IMAS, y permitirá financiar los servicios, la estructura y las prestaciones que ofrecen en Mallorca los servicios sociales comunitarios básicos, que son los que gestionan las entidades locales, ya sean ayuntamientos o mancomunidades. Según la presidenta del IMAS, Margalida Puigserver, «más de un 90% de los municipios verán incrementadas las aportaciones, y el resto las mantendrán» gracias a la aportación extraordinaria de este año de la institución insular.

Además, y por primera vez, se incorporan al plan de financiación el criterio de ratios mínimos de personal de las unidades de trabajo social (UTS) y el coste de los programas que desarrolla cada municipio en los servicios respectivos. De esta manera, se financian las prestaciones de servicios que gestionan las entidades locales y que son las siguientes: Servicios de información, valoración, asesoramiento, intervención y derivación, Servicio de ayuda a domicilio (SAD social), Servicio de teleasistencia y actuaciones de soporte a la unidad de convivencia, Ayudas económicas de emergencia para la cobertura de necesidades básicas a personas, familias y unidades de convivencia, con personas menores de edad a cargo, Servicio de alojamiento alternativo, Servicio de mediación intercultural, Domiciliación y empadronamiento, Acciones comunitarias.

También se financian programas específicos destinados a la gente grande, a menores de edad, a promoción de la autonomía y a la población inmigrante.