Caso Maquillaje

Todos los acusados menos Lliteras pactan con la Fiscalía para evitar la cárcel

| Palma, Mallorca |

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Siete de los acusados de desviar a Unió Mallorquina (UM) 239.000 euros públicos para gastos electorales, todos menos el exdirector insular de Relaciones Institucionales Josep Lliteras, han pactado con la Fiscalía para evitar penas de prisión en el juicio que se celebrará en julio.

La Audiencia de Palma de Palma ha acogido la vista previa preparatoria del juicio, fijado entre el 11 y el 18 de julio, y las defensas de siete encausados han avanzado que admitirán su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen y devolverán dinero para reparar el daño causado.

Solo Josep Lliteras, el antiguo cargo político de mayor rango presuntamente involucrado en la trama de desvío de fondos del Consell de Mallorca para la campaña electoral de 2007, ha quedado al margen del acuerdo con la Fiscalía.

No obstante, la representación legal del antiguo dirigente de UM ha asegurado que su cliente ha consignado 20.000 euros en concepto de reparación del daño, por lo que el ministerio público prevé que asumirá parte de los delitos que se le atribuyen y apele a circunstancias como las dilaciones indebidas para tratar de aminorar la condena.

La Fiscalía aún no ha determinado qué rebaja de la solicitud de pena aplicará en virtud del acuerdo alcanzado con los siete acusados que aceptarán su culpa y, sin no hay un cambio de actitud por parte de Lliteras, en principio cuenta con mantener una solicitud de pena para él que implique su ingreso en la cárcel en caso de que el tribunal así lo considere.

En su escrito de acusación, la Fiscalía acusa al que ex director insular de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca, Josep Lliteras; a la jefa de Programas de la Dirección Insular, Coloma Munar; a la entonces Secretaria General Técnica de Vicepresidencia del Consell, Eugenia Cañellas; otras cuatro personas vinculadas a asociaciones de inmigrantes y a un empresario.

Anticorrupción les atribuye delitos de malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración y falsedad.

El beneficiario final de los presuntos delitos era el extinto partido UM, puesto que la trama que se juzgará tenía como finalidad captar el voto para la formación regionalista.

La Fiscalía considera que Lliteras, Munar y Cañellas se concertaron para destinar dinero del Consell de Mallorca a premiar a personas e instituciones que realizaban labores de proselitismo, captación de voto y difusión del programa del partido y a financiar la organización de eventos, en su mayoría de casas regionales o asociaciones de inmigrantes, con el fin de captar votos.

Actuaban de acuerdo con otras cuatro personas, dirigentes de entidades de inmigrantes hispanoamericanos, que se beneficiaban de encargos de trabajos ficticios por los que recibían fondos públicos y que facturaban en falso para justificar cobros compensatorios por su labor o para financiar actos proselitistas en favor de UM que no tenían ninguna utilidad pública.

También está acusado un empresario que aceptó cobrar una deuda facturando por un concepto en falso al Consell por un trabajo inexistente en un evento dirigido a inmigrantes.

Entre los expedientes fraudulentos llevados a cabo por iniciativa de los tres ex altos cargos imputados hay pagos para la organización de un concurso de Miss Baleares Argentina, para excursiones y visitas a museos no realizadas, para fiestas de asociaciones de distintas nacionalidades y celebraciones del Día de la Madre y un encuentro sobre la familia, entre otras.

Dos de las acusadas fueron contratadas por el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) en calidad de encuestadoras, pero realmente trabajaban en la propia sede del Consell de Mallorca organizando actividades de captación del voto para UM.

Otro de los colaboradores de UM acusados, que fue presidente de la Federación Argentina de Mallorca, llegó a cobrar parte de sus servicios a través de una tarjeta de un supermercado mayorista que le cedieron Lliteras y Munar.

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