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El juez José Castro ha cerrado este martes una nueva pieza del caso Palma Arena, la 11, con un auto en el que propone que se juzgue por presunta malversación y falsedad al empresario Miguel Romero, contra el que ha encontrado indicios de que infló el coste de una maqueta del velódromo que da nombre a la causa.

Además de Romero, pendiente de otros juicios en piezas del caso Palma Arena, el instructor señala la existencia de pruebas indiciarias de falsedad en documento mercantil contra Ezequiel Mora, responsable de la empresa de maquetas que recibió el encargo.

En su auto, el juez Castro relata que Romero, propietario de la agencia de publicidad Nimbus, encargó a Mora que realizara la maqueta por un precio de entre 24.000 y 27.000 euros que incluía viajes preparatorios y el traslado a Palma del modelo a escala desde Alicante, donde se ejecutaba el trabajo.

Una vez concluido el encargo se pasó a Nimbus un factura de 31.320 euros que Romero abonó para luego cargar sobre la sociedad GR1, responsable de la dirección de obra del Palma Arena, otra factura de 66.120 euros (57.000 euros más IVA).

Según el magistrado, GR1, sociedad de los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, asumía el coste de la maqueta con cargo a los 3,2 millones de euros públicos que había recibido por la supervisión de la construcción del Palma Arena.

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Sin embargo, el desfase entre los 31.320 euros facturados inicialmente por la maqueta y los 66.120 euros que se pagaron a Nimbus no ha sido justificado por Romero, pese a que aportó documentación respecto a un supuesto encargo de estudios gráficos.

El juez subraya que la «finalidad» y «utilidad» de esos estudios para la maqueta no ha sido acreditada «a pesar de que se han agotado todas las diligencias que cabía adivinar».

Además, al margen de lo anterior, Romero pidió a Mora una factura simulada por una cantidad aproximada de 8.000 euros por el concepto del transporte de la maqueta, aunque «tales servicios ya estaban comprendidos en la facturación propia de la maqueta», agrega Castro.

El fabricante del modelo a escala libró a Nimbus una factura por 8.391 euros que a su vez fue cargada a GR1 y pagada, por tanto, con fondos públicos.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma comunica el cierre de la instrucción a las partes y da diez días para presentar acusación a la Fiscalía, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y el PP, personado también en el proceso.

Por otro lado, en el marco de la pieza principal del caso Palma Arena, Castro ha dictado un auto en el que ordena el archivo provisional de la causa para el exgerente del Instituto de Servicios Sociales y Deportivos del Consell de Mallorca José Luis Rosselló.