El Gobierno español decidió militarizar los aeropuertos, entre ellos los de Balears, tras el abandono masivo de sus puestos de trabajos por parte de los controladores aéreos. En la foto, un grupo de pasajeros hacen cola en Son Sant Joan. | Jaume Morey

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El juez que instruye la causa contra una veintena de controladores aéreos de Balears por abandonar sus puestos de trabajo en el puente de la Constitución de 2010 ha declarado «compleja» la causa con el objetivo de impedir que se agote en seis meses la instrucción tal y como lo prevé la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El magistrado Juan Manuel Sobrino ha aceptado la petición formulada por la Fiscalía de Balears debido a que faltan diligencias por practicar, entre ellas, más declaraciones de investigados y testigos, así como un informe pericial sobre el estado de salud de los controladores aéreos que estaban en las torres de control de Palma, Eivissa y Menorca durante la paralización de los aeropuertos.

Con esa medida, el juez y la fiscal dispondrán hasta 18 meses más de plazo para seguir con las pesquisas, período que podrá ser ampliado si las «circunstancias sobrevenidas» así lo aconsejan, según confirmaron a Ultima Hora fuentes próximas a la causa.

Los plazos para la instrucción penal introducidos en la última reforma de la LECrim, entraron en vigor en diciembre de 2015. Una de la partes personadas en el proceso interpuso un recurso contra la calificación de causa compleja de la causa, pero el juez la rechazó, de nuevo, con el apoyo de la Fiscalía.

Miles de pasajeros se quedaron en tierra después de que los profesionales que dirigen el tráfico de aviones acordaran no continuar con sus respectivas tareas alegando problemas físicos y de estrés.