Biel Barceló. | Teresa Ayuga

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El borrador del futuro documento que regulará los alquileres turísticos vacacionales de pisos en manos de particulares ha creado malestar en no pocos ayuntamientos de Mallorca ya que «delega la responsabilidad de un asunto tan complejo en los consistorios» en todo lo que se refiera a número de plazas y zonificación de los núcleos, lo cual sitúa «entre la espada y la pared» a no pocos alcaldes.

Tampoco se acierta a entender que «se haga tanto hincapié en la bolsa de plazas, ya que «esto parece un criterio hotelero y no en el pequeño propietario, cuyo máximo objetivo es alquilar media docena de plazas». Hay mucho debate subterráneo en torno a este borrador, sobre todo en el PSIB y en Podemos.

Por su parte, Més controla la Conselleria de Turisme con su primer espada Biel Barceló a la cabeza y «es lógico que mantenga una postura más favorable». Además, en lo que se refiere a alcaldías importantes, Més tiene las de Llucmajor y Felanitx, pero los socialistas ostentan las de Palma, Calvià o llevan la responsabilidad de Turisme en Alcúdia, entre otras. Saben que intentar regular la situación «será muy complejo». Algunos no comprenden como los ayuntamientos han de establecer un techo de plazas, zonificado o no, «cuando Turisme no ha establecido un techo global para todo el archipiélago. Y además tener hecho un estudio en varios meses».

La sensación es que Turisme está desarrollando una normativa para los alquileres turísticos controlados por particulares «más a la medida de lo que podrían ser intereses hoteleros». En Podemos hay comentarios en el sentido de que también se traslada mucha responsabilidad a los Consells, responsables de Ordenación Turística, excepto el de Mallorca, que tendrá que hacerse cargo de esta responsabilidad.

Tal «delegación de responsabilidades puede incluso en el futuro favorecer un incremento de la especulación inmobiliaria y de más construcción». En todo caso, se valora de manera positiva que «el vicepresident Barceló ha dicho en repetidas ocasiones que está abierto a las modificaciones de la normativa que sean necesarias». Sin embargo, la cuestión «no está ni mucho menos resuelta, con no poco descontento en muchos ayuntamientos, convencidos de que por sí solos no pueden resolver esta cuestión sin grandes problemas internos que nadie quiere».