La gestión de la consellera de Transparència, Esperança Camps –en la imagen, con Fina Santiago– empieza estar cuestionada por sus compañeros de Govern. | Joan Torres

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Los gastos de los consellers en comidas, dietas, viajes y regalos por un valor inferior a 500 euros siguen siendo un misterio para los ciudadanos, a pesar de que cada seis meses deberían publicarse en el Portal de Transparència de la página web del Govern. Es lo que estipula la Llei de Bon Govern, aprobada en el año 2011 bajo el mandato de Francesc Antich, y que el Govern de Francina Armengol incumple en muchos de sus aspectos.

Esta ley establece un código de buenas prácticas en la gestión de la Administración pública, fija los mecanismos de relación con los ciudadanos y obliga a gestionar desde la transparencia. Sus disposiciones fueron sistemáticamente incumplidas por el Govern de José Ramón Bauzá hasta el punto de que el PP intentó cambiarla dadas las dificultades de cumplimiento. Los cambios se abortaron ante el escándalo político que montaron los partidos de la oposición. Entre otras cuestiones, el Govern del PP llegó a proponer rebajar el nivel de incompatibilidades de los altos cargos para que pudieran simultanear su trabajo con su labor política. La norma quedó muerta y no llegó a tramitarse.

La realidad es que el actual Govern ha hecho bien poco por corregir los incumplimientos del anterior. Ocho meses después de su toma de posesión, el actual Ejecutivo sigue sin hacer públicos los gastos protocolarios y de representación y sigue sin crearse la Oficina de Evalución Pública de les Illes Balears, una cuestión que los partidos de izquierdas reclamaron ampliamente en la anterior legislatura.