C's Baleares no firmará el pacto por la educación | Jaume Morey

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Los diputados del Grupo Mixto y representantes de Ciudadanos (C's), Xavier Pericay y Olga Ballesteros, han anunciado que no acudirán este sábado a la firma del pacto social y político por la educación ya que «contiene elementos anticonstitucionales, carece de memoria económica, incurre en duplicidades y excluye a parte de la comunidad educativa».

En una rueda de prensa que tuvo lugar en la jornada del viernes en la sala de prensa del Parlament, Pericay ha expresado que a nivel nacional se está trabajando también por un pacto por la educación por lo que desde su formación consideran que «no tiene sentido un pacto autonómico que pueda estar en desacuerdo con el estatal».

Asimismo, el portavoz de C's ha señalado que tras este pacto existe la voluntad de «instrumentalización de la educación como arma ideológica» para a través de «los niños influir también en las familias». «Es paradigmático que la Assemblea de Docents, que no representa a toda la comunidad educativa ni de lejos, celebre este pacto y que sus dos impulsores estén ahora en el Govern», ha agregado.

Dentro de sus críticas, Pericay también ha resaltado que el documento «es propio de un estado independiente» y ha señalado que es «extraño» que no aparezcan las palabras «castellano, lengua castellana o español o lengua española».

Por su parte, Ballesteros ha manifestado que ella es profesora y pertenece a la asociación 'Plis. Educación por favor' la cual no ha sido incluida en el pacto a pesar de que intentaron ponerse en contacto con los impulsores. En este sentido, ha dicho que también hay otras asociaciones que tampoco han sido incluidas.

Asimismo, ha censurado que el pacto por la educación no tenga como «objetivo la mejora de la excelencia académica», algo que, según ha precisado, es «vital» para su formación.

Además, ha reprochado el «intervencionismo y la ingeniería social» presente en todo este acuerdo, así como el «oscurantismo» del que hace gala ya que, por ejemplo «propone que las evaluaciones de los centros no sean públicas» y se da «carta blanca a la inmersión lingüística».