Consulta soberanista en Catalunya

MÉS per Mallorca tilda la imputación de Mas de «fuera de toda medida»

| Palma |

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MÉS per Mallorca ha calificado como «fuera de toda medida» la imputación del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, por la consulta soberanista del 9N, citado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para comparecer el 15 de octubre y ha acusado de «ceguera» a las autoridades.

La formación ecosoberanista ha criticado que haya sido imputado «por el simple hecho de haber consultado a la ciudadanía» y ha defendido en un comunicado que «los problemas políticos se arreglan por medios políticos, no en los tribunales ni con las fuerzas de seguridad».

Según MÉS per Mallorca, las imputaciones de Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, «demuestra la incapacidad de España para resolver por medios políticos los desafíos que tiene sobre la mesa».

MÉS per Mallorca rechaza que una consulta «hecha en términos completamente democráticos y que no incluye ningún elemento de discriminación, amenaza o violencia» sea tratada como un posible ilícito penal.

Ha advertido de que puede conllevar no sólo la inhabilitación de los tres imputados para ejercer cargo público, sino incluso su entrada en prisión y ha acusado a las autoridades españolas de «ceguera y falta total de voluntad y capacidad política».

MÉS per Mallorca considera que las movilizaciones multitudinarias y los resultados electorales del pasado domingo muestran que «el proceso soberanista en Cataluña es transversal y cuenta con el respaldo de buena parte de la sociedad catalana».

«Una aspiración política no puede recibir como única respuesta las actuaciones de la fiscalía y los jueces, como en el caso de las imputaciones de Mas, Ortega Y Rigau, o las amenazas de uso de la fuerza armada, como han expresado recientemente el Ministro de defensa o el ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional», señala MÉS.

La formación nacionalista ha pedido a la Fiscalía que retire la querella contra los tres imputados y al Gobierno central «altura de miras y capacidad de diálogo para tratar una cuestión que requiere una respuesta política y que podría haberse canalizado de manera satisfactoria para todas las partes si se hubiera permitido la celebración de la consulta hace un año».

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