Imagen de la reunión que el conseller balear de Turisme, Jaime Martínez, mantuvo en Maó con pequeños y medianos empresarios. El conseller abordó con la organización empresarial la polémica suscitada por el alquiler turístico de viviendas privadas.

TW
33

La Conselleria de Turismo y Deportes del Govern rectifica y anuncia que la comercialización de viviendas entre medianeras no tendrá limitaciones de antigüedad (anteriores a 1960) ni deberá contar con el beneplácito de los vecinos. Así lo confirmó ayer el conseller Jaime Martínez en la reunión mantenida con la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca (PIME) para abordar, entre otros temas, el borrador del Reglamento de la Ley de Turismo. La normativa sectorial de Balears permite la comercialización de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o entre medianeras.

Ésta última es la novedad que introduce el decreto pero, con la necesidad de cumplir con estos dos requisitos. No obstante, el Govern ha decidido zanjar, con su supresión, la polémica suscitada ante unas limitaciones que PIME tacha de «absurdas» y que incluso limitan un «derecho constitucional como es el de la propiedad». El conseller del ramo, que también se reunió con la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), instó a ambas patronales a que aporten nuevas sugerencias al reglamento para «consensuar el mejor texto posible» y poder «pulir el documento que debe aprobarse antes de final de año».

Regulación clara

En este sentido, PIME solicitó a Martínez una regulación clara del alquiler turístico de todo tipo de inmuebles al considerar que es «una vía para mejorar la economía de la Isla», señala su secretaria general, Maria Garcia. Además, «ayudaría a que otros sectores económicos participaran del negocio turístico». Martínez anunció, en este sentido, que el reglamento no permite hacer una regulación tan amplia pero abrió la puerta a la modificación de la Ley de Turismo. «Recogemos el guante y esperamos que esta declaración de intenciones se convierta en un hecho», señala Garcia, no obstante, indica que «la patronal no tiene la plena confianza en que se produzca». La secretaria general considera que se ha «demonizado» el sistema de alquiler no reglado cuando quien pone en el mercado una vivienda lo hace con las mejores condiciones. Además, añade que los propietarios buscan una seguridad jurídica.