Imágenes de una operación policial contra un grupo de trileros ante la atenta mirada de los turistas en la Platja de Palma. | ALEJANDRO SEPULVEDA

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El primer mes y medio de aplicación de la ordenanza cívica de Palma ha tenido como consecuencia el decomiso de 2.000 bebidas alcohólicas en la Platja de Palma, el cobro de 5.000 euros en multas a turistas extranjeros y la incautación de 14.000 objetos procedentes de la venta ilegal ambulante.

La Policía Local, con la colaboración de la Policía Nacional, ha realizado 15 actuaciones en la Platja de Palma para velar por el cumplimiento de la ordenanza, principalmente contra el botellón, y ha levantado 40 actas sancionadoras contra trileros y 165 a masajistas de platja.

A trileros y masajistas se les han decomisado hasta ahora 2.500 euros procedentes de estas actividades ilegales.

El concejal de Turismo y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, ha hecho este lunes balance en rueda de prensa de la aplicación de la ordenanza para la Convivencia Cívica en esta zona de costa de 5 kilómetros de extensión.

Precisamente, debido a su longitud, Gijón se ha referido a las dificultades para controlar cualquier actividad ilegal que se puede cometer, pero ha realizado una valoración «muy positiva» de las actuaciones policiales y del progresivo cumplimiento de esta ordenanza aprobada hace dos meses.

«No hay color» de la imagen de este año de la Platja de Palma con la pasada temporada, ha apuntado Gijón, quien ha destacado la disminución de la típica estampa de los turistas practicando el botellón en uno de los principales destinos turísticos de España, así como la caída de la prostitución callejera.

Desde que se aprobó la ordenanza un turista suizo ha sido multado por solicitar servicios sexuales en plena calle, ha concretado Gijón, que ha recordado que esta normativa no sanciona a las mujeres que ejercen la prostitución en las calles, pero sí a los clientes.

De las reuniones mantenidas entre el ayuntamiento y las ONG que trabajan con prostitutas se estima que su presencia en las calles de la Platja de Palma ha disminuido de unas 65, antes de aplicarse la ordenanza, a unas 20 actualmente.

Además, hasta ahora se han puesto 85 multas por consumo de bebidas alcohólicas y otras 25 por llevar envases de cristal a la playa; por este concepto, el ayuntamiento ha cobrado ya 5.000 euros, el 80 % de las mismas por practicar botellón.

Gijón ha comentado que el ayuntamiento está cobrando las sanciones impuestas a los turistas en el 70 % de los casos. De hecho, los turistas se acogen a la posibilidad de pagarlas al momento para ver reducida de manera considerable la cuantía que deben abonar.

El regidor ha insistido en que esta ordenanza no tiene afán recaudatorio, sino que se respete la convivencia y ofrecer una buena imagen de la ciudad.

Sobre la venta ambulante, aunque se han decomisado 14.000 objetivos y se han levantado 550 actas sancionadoras, Gijón ha reconocido que es una problemática «muy difícil de resolver» por la proliferación de esta actividad.

También ha aludido a la dificultad de detectar a las masajistas porque se ocultan en la playa como turistas.

Respecto al ruido, la Policía Local ha levantado 9 actas sancionadoras y ha decomisado un aparato por exceso de decibelios.

El Ayuntamiento de Palma ha distribuido 10.000 folletos explicativos y 500 carteles de la ordenanza cívica para que los turistas conozcan qué actividades no se pueden realizar, como el botellón.

En este sentido, Gijón ha expresado su convencimiento de que al final de esta campaña turística esta actividad quedará a «niveles testimoniales» y el próximo año los visitantes irán a la Platja de Palma con la idea clara de que no pueden beber en la calle.

Además, el consistorio prosigue con su campaña informativa en los barrios de Palma para dar a conocer esta ordenanza, que prohíbe por ejemplo que los músicos callejeros toquen más allá de las 22.00 horas, para facilitar el descanso de los vecinos.