Los técnicos del Consell mallorquín, así como otras administraciones públicas e, incluso, la principal compañía de suministro de energía eléctrica y gas de Mallorca, habían detectado un tráfico jurídico privado de multitud de cédulas de habitabilidad falsificadas, y así lo pusieron en conocimiento de los juzgados, según ha informado la Institución insular en un comunicado.
La cédula de habitabilidad es un documento público que, además de permitir el empleo de una edificación de acuerdo con la legislación vigente, también es necesaria para contratar de manera definitiva con las compañías de suministro de electricidad, agua, gas, teléfono y otros servicios imprescindibles para el correcto funcionamiento de un edificio.
Asimismo, en el ámbito territorial de Mallorca, la cédula de habitabilidad se ha convertido en un documento oficial muy solicitado para realizar operaciones de compraventa u otras operaciones jurídicas privadas.
El departamento de Urbanismo y Territorio detectó que había gran cantidad de cédulas falsificadas que facultaban a los poseedores acceder a la autorización de pozos, viviendas de vacaciones, compraventas, redes eléctricas, inscripciones en el registro o escrituras públicas.
Pero, sobre todo, facilitaba la contratación definitiva de servicios que, de acuerdo con la legislación urbanística vigente, no podrían haber obtenido en ningún caso al tratarse de actuaciones, edificaciones y usos ilegales.
Ante los hechos constitutivos de un posible delito penal, a lo largo de estos años se han formulado varias denuncias ante los juzgados y de la policía.
El Juzgado de lo penal, a través de los cuerpos de seguridad, ha investigado las denuncias mencionadas y se ha podido comprobar que las falsificaciones se hacían mediante fotocomposición realizada con medios informáticos e impresión de inyección de tinta muy parecida a la del Consell de Mallorca y que exigía a las personas interesadas en conseguir las cédulas entre 2.000 y 3.000 euros.
Una tramitación normal de la expedición de una cédula de habitabilidad supone unos gastos de entre 200 y 300 euros.
Satisfacción por la sentencia
El departamento de Urbanismo y Territorio manifiesta su satisfacción por esta sentencia, ya que estas actuaciones alteraban el funcionamiento normal de muchos de los procedimientos administrativos y civiles, creando graves perjuicios, sobre todo, a los ciudadanos estafados. Al mismo tiempo, esperan que continúen todos los procedimientos abiertos hasta la culminación procesal.
Finalmente, recomiendan a la ciudadanía que vigilen este aspecto y que, ante cualquier duda, acudan al Consejo para verificar tanto el procedimiento de la expedición de la cédula como la autenticidad del documento.
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