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«Lo que no puedo comprender es que una persona que ha dado tanto trabajo en la Isla... a quien no ha denunciado ningún trabajador...». Así intentó responder Fernando Ferré, dueño del Grupo Playa Sol, a la jueza Martina Rodríguez, titular del Juzgado de lo Penal 2 de Eivissa, cuando ésta le cortó y le recordó que la pregunta era si aceptaba o no el acuerdo al que su abogado había llegado con la Fiscalía Anticorrupción. Y sí, lo aceptó, al igual que una pena de 7 años de cárcel y dos multas de 11 millones de euros cada una.

A Ferré se le reclamaban 81 años y siete meses de cárcel por varios delitos contables, catorce delitos contra la Hacienda Pública Estatal y Autonómica y tres delitos más contra el derecho de los trabajadores. A Ferré se le exigió una fianza de responsabilidad civil que sumaba en total 48.569.397,37 euros, motivo por el se le embargaron todas sus propiedades y por tanto se quedó en una situación, tal y como recordaron ayer desde Anticorrupción, de insolvencia.

Tras la intensa negociación ente las partes, que duró más de tres horas, Ferré reconoció todos y cada uno de los hechos que se le imputan a excepción de los delitos contables, de los que fue absuelto, y aceptó una pena de tres meses y cuatro días de cárcel por cada uno de los catorce delitos contra las Haciendas Públicas, lo que hace un total de tres años, seis meses y 26 días; aceptó también una pena de dos años y medio por un delito contra el derecho de los trabajadores, en concreto por un delito de tráfico ilegal de mano de obra, reclutamiento engañoso de mano de obra y empleo ilegal de extranjeros, y un año más por otros dos delitos contra el derecho de los trabajadores en lo referente a las condiciones en las que éstos se veían obligados a trabajar. En total, siete años y 26 días.

El otro acusado Josep Oller, excontable de Ferré, aceptó 14 meses de prisión.