Los abogados creen que las tasas han dejado a un 15 % de personas sin ejercer litigio

A falta de la Memoria 2013 del Tribunal Superior de Justicia con datos oficiales, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, un año de concentraciones -el Colegio de Abogados de Balears ha participado activamente- y el hecho de haber puesto de acuerdo por primera vez en la historia democrática a todos los actores reales de la Justicia española apuntan a que se cumplirán las previsiones de quienes advirtieron en febrero de 2013 «de lo pernicioso de su implantación».

Imposición

«Se reducirán los litigios a costa de dejar fuera del sistema a los que menos recursos económicos tienen», se dijo entonces, entre otros por Joaquim Bosch, portavoz de la asociación 'Jueces para la Democracia', en un acto público de la plataforma ciudadana 'Justicia para Todos'.

En los mismos términos se ha expresado reiteradamente desde la entrada en vigor de las tasas Martín Aleñar, decano del Colegio de Abogados de las Illes Balears. «Debemos rebelarnos -afirmó en un acto de la Agrupación de Jóvenes Abogados- contra una justicia a precio de oro porque eso no es justicia. De hecho, sabemos que la imposición de tasas sólo permitirá el acceso a los tribunales de aquellos que puedan pagarlo, dejando a muchos otros ciudadanos sin una posibilidad real de defender aquello que creen justo».

Las tasas judiciales puestas en marcha por el actual Gobierno de España establecen cuotas tanto fijas como variables -en este caso por reclamaciones de cantidad- en los órdenes Civil, Contencioso-Administrativo y Social, donde los pleitos son planteados por particulares o por empresas tanto entre ellos como contra las administraciones públicas.

Quedaron exentos de tasas los procedimientos de lo Penal, en tanto que los promueven ante todo los acusadores públicos y deberían pagarse con cargo al Presupuesto del Estado.