Horrach, en la imagen junto al presentador Mateu Ferrer, relató el hallazgo de la famosa caja de Cola-Cao.

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El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, desgranó ayer noche ante un auditorio de más de trescientas personas en el centro cultural Joan Mascaró i Fornés de Santa Margalida, los entresijos de la corrupción política en Balears defendiendo el papel que juega la investigación judicial en el control de un problema endémico.

Horrach dio cuenta de cómo en los últimos años Mallorca ha pasado de ser «el mundo de Alicia en el país de las maravillas», en el que todo estaba permitido, a ser un lugar en el que la corrupción se investiga, se persigue y se condena, un lugar en el que «la corrupción no es ni más ni menos intensa que en cualquier otra parte» pero en el que aún hoy hay profesionales «con una motivación personal en la persecución de este tipo de delitos». Así es como se ve a sí mismo Pedro Horrach.

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En el auditorio, repleto hasta el punto de que se habilitó una pantalla para seguir la conferencia desde la antesala, había conocidos abogados de las Illes, entre otros Bartomeu Vidal, que ha participado en muchas causas de corrupción. No ocultaron la rivalidad profesional y sus diferencias a la hora de entender los pactos con arrepentidos que, a cambio de tirar de la manta y aportar pruebas a la investigación, acaban viendo reducidas sus condenas.

«Habitualmente, los que critican los pactos son aquellos a quienes afectan y sólo se critican en casos de corrupción», dijo Horrach, que puso las cartas sobre la mesa desde el inicio de su intervención.

«Quiero dejar clara una primera consideración, que yo soy el único responsable de lo que firmo y soy plenamente consciente de lo que firmo. Trabajo sobre dos principios, la legalidad y la imparcialidad por encima de cualquier consideración y no estoy para proteger a nadie ni a ninguno. En 21 años he recibido una única orden de Madrid: hacer lo que considere siempre que esté justificado».

Horrach habló abiertamente de su disgusto por la reducción de la condena a Jaume Matas de seis años a nueve meses. No se atrevió a aventurar si «la esposa de Urdangarin» (así se refirió el exalcalde Miquel Cifre a la infanta Cristina) volverá o no a estar imputada. Discrepó de la condena contra Garzón por prevaricación. Criticó la duplicidad de trabajo de los jueces de instrucción y los fiscales y hasta calificó de «disparate» (tras ser preguntado por un camiseta verde) el hecho de que un gobierno apruebe un decreto para evitar cumplir una sentencia judicial.