Imagen de archivo de una protesta de los empresarios de coches de alquiler. | Joan Torres

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El Gobierno medita aplazar la entrada en vigor de los nuevos impuestos, que gravan las grandes superficies, los coches de alquiler y los envases.

El Consell de Politica Fiscal y Financiera se reúne esta semana y sobre la mesa está la posibilidad de flexibilizar el objetivo de déficit para 2013, situado ahora en el 0,7%. Cataluña es la comunidad que ha mostrado hasta ahora más interés en la flexibilización del déficit, ya que todavía no ha cerrado sus presupuestos para este año, aunque Balears y otras también tienen interés.

En este sentido, Aguiló podría aceptar aplazar la puesta en funcionamiento de los nuevos tributos hasta el 2014 si se permite aumentar el déficit más allá del actual 0,7%. No ha tomado todavía una decisión en firme, pero desde el sector empresarial se confía en la rectificación del vicepresidente económico, que ya habría conseguido la bendición de José Ramón Bauzá.

Dependerá de hasta cuánto se permita aumentar el déficit de las comunidades. En principio, el Gobierno medita no aplicar los impuestos este año y hacerlo en el 2014, siempre que, como se rumorea, el déficit se pueda incrementar hasta el 1,9 por ciento.

Las presiones del sector empresarial han sido intensas. De hecho, no sólo Bauzá y Aguiló han sido informados de las pésimas repercusiones económicas de los nuevos impuestos, sino también el ministro José Manuel Soria.

Inflexible

Los empresarios confían, asimismo, en que los tributos sobre las grandes superficies, los envases y los coches de alquiler no lleguen a aplicarse. Pretenden también que su puesta en funcionamiento en 2014 quede condicionada por la evolución de la economía balear. El vicepresidente económico se había mostrado hasta ahora absolutamente inflexible y solo había aceptado una rebaja en las condiciones de los tributos.

La posible flexibilización del déficit ha venido determinada por el cambio de actitud de Aguiló, pero también ha influido la posibilidad de que un recurso de inconstitucionalidad dificulte el cobro.

Las organizaciones empresariales han mantenido diferentes reuniones con dirigentes del PSIB para convencer al principal partido de la oposición de la necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional.