El conseller Delgado presidió la reunión con los amarristas del Calanova.

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«Las tarifas de Calanova se tendrán que ajustar a la realidad», comentó ayer el director general d'Esports, Javier Morente, al término de la reunión que mantuvieron ayer en la sede de la Conselleria de Turisme i Esports la asociación de amarristas de Calanova con el titular de este departamento, Carlos Delgado. Al encuentro asistió también el director general de Port, Antoni Deudero. Durante poco más de media hora se abordó el proyecto de privatización de la gestión de este puerto deportivo de titularidad autonómica.

Morente, que calificó el encuentro de «una primera toma de contacto», reiteró la decisión de convocar a final del próximo mes de abril un concurso para privatizar la gestión del Calanova «que cada año genera un millón de euros de pérdidas a la Administración autonómica». Juan Cuesta, presidente de la asociación de amarristas, destacó que «rechazaron nuestra propuesta de gestionar Calanova junto con la Federación Balear de Vela, la rentabilidad estaría asegurada».

Aunque no quiso dar detalles sobre el contenido del pliego del concurso, el director general d'Esports -que invitó a la asociación de amarristas a presentar una oferta- aseguró que no está previsto primar la ampliación del puerto deportivo mientras que se valorará el hecho de que el futuro gestor se comprometa a mantener las actuales tarifas de Calanova. La voluntad de privatizar la gestión de todos los puertos deportivos de titularidad autonómica figura entre las prioridades del actual Govern.

Irregularidades

«Se van a resolver las irregularidades que hemos detectado», comentó el director general de Ports, Antoni Deudero, que asesora a la Conselleria en este proceso.

Desde hace tres meses el administrador de Calanova ha sido suspendido de empleo y sueldo mientras se instruye un expediente sancionador, derivado de las presuntas irregularidades observadas en la gestión de estas instalaciones.

Una de las anomalías hacía referencia a la existencia de embarcaciones que disfrutaban de un amarre bajo el concepto de «en tránsito permanente», todo un contrasentido sin amparo legal.