El juez instructor del caso Cloaca, centrado en un presunto desvío de fondos por servicios de recogida selectiva de residuos, ha apremiado al Consell de Mallorca a que entregue una pericial que determine el importe pagado por la Institución insular desde 2006 por los anteriores trabajos, después de que el magistrado ya haya otorgado para ello hasta dos prórrogas a la Administración presidida por María Salom sin que hasta el momento haya presentado informe alguno.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, urge al Consell a aportar la pericial en tres días o, de no ser así, «alegue las razones que se lo impidan», al haber transcurrido «en exceso» el plazo concedido para la elaboración de la pericial.

Una diligencia mediante la cual el instructor de esta causa quiere conocer el valor real de los servicios prestados por las concesionarias de los servicios de recogida, la UTE Resenetma -en la que estaba integrada Melchor Mascaró- y FCC Lumsa, y esclarecer de este modo si el Consell y las empresas adjudicatarias incurrieron en delitos de malversación que junto a otros se indagan en este procedimiento.

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Se da la circunstancia de que la institución supramunicipal ya solicitó en enero más tiempo para poder elaborar la pericial, alegando que la anterior prórroga otorgada por el magistrado «se traspapeló» tras ser notificada al Consell el pasado mes de noviembre. Debido al tiempo transcurrido sin la providencia «traspapelada» y a la «complejidad del tema», el Consell solicitaba así que se prorrogase de nuevo el plazo, lo que finalmente fue acordado por el juez por un tiempo de un mes.

Sin embargo, tras más de dos meses, la Institución aún no ha presentado ninguna pericial que pueda arrojar luz sobre los hechos investigados en esta causa, a pesar de que fue en diciembre de 2011 cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el juez que el economista del Consell calculase cuántos de los servicios fueron efectivamente prestados por las UTE.

Todo ello después de que el Ministerio Público elevase a más de tres millones de euros la cantidad supuestamente desviada por trabajos no realizados y un informe pericial del Consell la cifrase en más de cinco millones (pese a que su autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado), y las empresas alegasen por el contrario que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas en este proceso. Más en concreto, el informe aportado por una de las defensas cifraba en 203.711 euros la cantidad supuestamente sobrefacturada.

En el marco de este procedimiento se encuentran imputados, entre otros, la exconsellera insular de Medio Ambiente y exportavoz de UM, Catalina Julve, el exdirector general de Residuos del Consell Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; y el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló.