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El magistrada del juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma, María Isabel del Valle, suspendió el pasado viernes un procedimiento de ejecución hipotecaria hasta valorar las circunstancias que concurren en el mismo, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (ACUIB) ha informado hoy en un comunicado de esta suspensión cautelar que tuvo lugar el pasado viernes, al día siguiente de la sentencia del Tribunal europeo que dictó que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea.

En su resolución, la jueza de Palma mencionó la sentencia del Tribunal de la UE fallando en el sentido de que la Ley Hipotecaria y LEC españolas no son conformes a la normativa europea «esencialmente y en síntesis, por la falta de garantías suficientes del proceso de ejecución hipotecaria».

Entre esa falta de garantías figura la de no permitir al consumidor alegar como motivo de oposición el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo.

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La juez acordó por este motivo «la suspensión» de la ejecución en el estado en que se encontraba el pasado viernes «a fin de valorar las circunstancias concretas concurrentes en la misma a la luz de la sentencia citada».

ACUIB ha detallado que, con esta decisión, la jueza suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria y el consumidor afectado por la misma podrá permanecer en su vivienda hasta que se rectifique el proceso.

La asociación balear ha destacado la importancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, «a pesar de los esfuerzos de diluir su impacto por los mismos expertos que han defendido la seguridad jurídica para rechazar la dación en pago».

Según la entidad, la seguridad jurídica de decenas de miles de consumidores que han sido ejecutados «ha sido vulnerada durante más de 20 años» gracias a «gobernantes que se han decantado de manera absolutamente ominosa por favorecer los intereses de las entidades financieras».