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El domicilio de Lola Conesa, divorciada y madre de dos hijos, en la urbanización Son Ramonell, de Marratxí, recibió ayer la visita de una empresa presuntamente subcontratada por Banesto, el banco donde descansaba su hipoteca, para cambiarle la cerradura y vaciar de muebles la vivienda. Tras constatar que allí aún vivía gente aunque no estuviera en ese momento, los empleados se marcharon sin cumplir su intención pero dejando una nota escrita con un teléfono al que debían dirigirse los inquilinos.

Indignada al llegar más tarde a su casa, Lola telefoneó y preguntó quién había mandado entrar en su domicilio con tales intenciones. Desde la empresa contestaron, según testimonia la afectada, que había sido el banco «que nos envió un e-mail».

Circunstancias

Se trata del segundo desahucio ilegal que se constata en las Illes durante los últimos meses, según denuncia la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Mallorca (PAH), que cada miércoles por la tarde atiende a los afectados en el palmesano Casal de Can Alonso.

La PAH reconoce que el adosado donde vive Lola con sus hijos «es ahora propiedad del banco», en tanto que tras su divorcio las cantidades adeudadas por la hipoteca suscrita por ambos cónyuges no fueron abonadas conforme a los términos suscritos con la entidad financiera, de manera que los intereses de demora eran incluso superiores a la parte que aportaba Lola, la única que cumplía», pero explican que «solo se ha sabido que habría en consecuencia una ejecución hipotecaria y una subasta marcada para el pasado 28 de noviembre, sin que desde un juzgado se haya comunicado nada al respecto de un desahucio».

Denuncia

Ayer, tras la visita de la empresa que dijo actuar en nombre del banco, Lola interpuso una denuncia ante la Policía Local de Marratxí. Los agentes personados en su domicilio comprobaron lo sucedido, realizaron fotografías y formularon un atestado.

«Me han dicho -señalaba Lola poco después- que mientras un juez no nos haga abandonar la casa, aquí no puede entrar nadie, y que quien lo haya hecho incurre en violación de domicilio».