Imagen de la protesta desarrollada esta mañana en Sa Gerreria. | Joan Torres

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La decisión de los jueces de Palma de solicitar a los secretarios judiciales que suspendan los procedimientos de desahucio durante un mes podría llegar a beneficiar a un máximo de 66 afectados, que son los lanzamientos señalados desde hoy hasta el 19 de diciembre en la ciudad. Los jueces de Palma acordaron el pasado viernes pedir a los secretarios judiciales la suspensión de los procedimientos de desahucio durante un mes, para dar tiempo a que pueda aplicarse el Decreto Ley del Gobierno que establece una moratoria de dos años para los casos más extremos.

El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, explicó ayer en rueda de prensa celebrada en los juzgados de Vía Alemania que la razón para paralizar los desahucios es evitar que se ejecute alguno que pueda acogerse al decreto.

«Nos podíamos encontrar con la circunstancia de que un ciudadano que pudiera tener derecho y tuviera el señalamiento del lanzamiento fijado para esta semana, se pudiera encontrar en la calle y que al cabo de dos o tres días se resolviera su solicitud de suspensión, lo cual sería una contradicción esencial», dijo el juez decano.

Procesos

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Por otra parte, alrededor de medio centenar de personas afectadas por la ejecución hipotecaria de sus inmuebles presentaron ayer en los juzgados de sa Gerrería de Palma un escrito solicitando la suspensión de esos procesos, en una acción desarrollada en todas las sedes judiciales del país.

Según declaró Angela Pons, miembro de la plataforma, «de las aproximadamente 40 personas» que se han presentado en los juzgados, «sólo dos» entran dentro de los baremos del decreto ley de medidas urgentes para paliar los desahucios, normativa que tachó de «insuficiente y restrictiva».

Solo en los primeros dos trimestres del año los jueces de primera instancia habían dictado 2.518 órdenes de desahucio por el impago de las mensualidades de hipotecas y alquileres en Balears.

Los desahucios, la mayor parte de ellos solicitados por las entidades financieras después de llevar a una ejecución hipotecaria, mantiene una evolución al alza en las Islas como consecuencia de la aguda crisis económica.