La coalición PSM-IniciativaVerds-Entesa ha criticado hoy la posición del vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este jueves en Madrid, donde Aguiló «aceptó sin protestar las exigencias» del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que impuso a las CCAA restricciones del déficit del 1,5% para este año y de 0,7% para el año próximo.

En este sentido, el portavoz parlamentario, Biel Barceló, ha lamentado que la «actitud de sumisión» del presidente Bauzá y del vicepresidente Aguiló al Gobierno español de Mariano Rajoy «nos lleva a la ruina como país».

Así, Barceló ha afirmado, mediante un comunicado, que estos objetivos de déficit «condenan a nuestro país a incrementar de manera brutal los recortes en educación y sanidad, y son totalmente inadmisibles e irreales, especialmente si se mantiene el injusto sistema de financiación que perpetúa el expolio fiscal de las Islas Baleares».

El portavoz del PSM-IV-ExM apunta que hubo otras comunidades gobernadas por el PP que pusieron objeciones a las «imposiciones» del ministro Montoro, y que el representante de la Generalitat
de Catalunya incluso acusó el Gobierno español de tratar los mandatarios autonómicos como «súbditos».

Barceló ha señalado que el Estado es el responsable de la financiación de las comunidades autónomas. En consecuencia, «si decide cargar los esfuerzos de contención del déficit en las autonomías, sin compensarlo a través de una mejora de la financiación, el Gobierno Rajoy estará provocando de manera deliberada el deterioro de la educación y la sanidad públicas».

Por otra parte, Barceló ha considerado «inaceptable» que la recaudación adicional derivada de la subida del IVA se la quede exclusivamente el Estado, en lugar de repartirse entre el Estado y las autonomías (ahora se reparte al 50%). «Este hecho también demuestra que el sistema de financiación es injusto», ha lamentado.

El portavoz nacionalista pone de manifiesto la «urgencia de revisar el sistema» y plantearse uno nuevo, basado en la soberanía fiscal y en el concierto económico solidario, «de forma que desde las

Baleares se puedan recaudar íntegramente los impuestos generados por los ciudadanos baleares, y podamos decidir desde aquí en qué se utilizan estos impuestos».