Probable inicio de un curso político ‘caliente’ si no se logra un acuerdo con los sindicatos para aplicar los recortes. | D. Amengual

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Las instituciones públicas tienen que aplicar los recortes que impone el Govern, en especial en lo que hace referencia al gasto público y ello tiene especial incidencia en sus trabajadores. El Consell de Mallorca, que preside Maria Salom, ya ha iniciado los primeros contactos con la representación sindical para pactar la aplicación de unas medidas que están generando malestar entre los trabajadores, entre otras razones porque consideran que no se traducirá en ningún ahorro efectivo.

Incremento de 35 a 37,5 horas semanales de jornada laboral, jubilación forzosa a los 65 años, reducción de vacaciones y días libres (los llamados ‘moscosos’), congelación de las convocatorias de nuevas plazas tanto de personal laboral como de funcionarios, amortización de plazas vacantes por jubilación, ... son algunas de las nuevas condiciones laborales que deberán aplicar el Consell, pero también otras instituciones, como es el caso del Ajuntament de Palma.

En lo que se refiere al Consell, por el momento sólo se comenta que se han iniciado contactos ‘informativos’ y que en ningún caso se trata de una negociación. En este sentido se destaca que el Consell, institución heredera de la antigua Diputación Provincial, tiene una serie de especificidades laborales que complican la aplicación directa del plan de ajuste aprobado por el Govern. A título de ejemplo se indica que en el Consell se abona un plus a los trabajadores que tienen un nivel de catalán superior al exigible por la plaza de ocupan, un complemento que no tienen en la Comunitat Autònoma. En todo caso se da como irrenunciable la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales para que quede equiparada a los trabajadores autonómicos.

El Consell tiene en la actualidad alrededor de 2.000 trabajadores entre funcionarios y personal adscrito al IMAS. Las negociaciones con los sindicatos las encabeza el director insular de Funció Pública, Rafael Pons, que depende de Margalida Roig, la consellera de Hisenda del Consell.

Cort y Parlament

Los recortes se extienden por toda la Administración pública balear, con excepción de la que depende del Estado que responde únicamente a las indicaciones del Gobierno central.

Así, en el Ajuntament de Palma, el alcalde, Mateu Isern, tuvo que paralizar la aplicación de los recortes ante la oposición directa de los trabajadores municipales. El posible conflicto ha quedado pendiente de un informe jurídico para que determine la vinculación del decreto de Bauzá sobre los trabajadores municipales y si el Ajuntament tiene margen para aplicar medidas propias tras la correspondiente negociación de los sindicatos.

Otro frente abierto está en el Parlament, donde los representantes de los grupos políticos también negocian posible recortes en un abanico que contempla la reducción en el número de diputados -tal y como defiende el PP- hasta las rebajas en un 5% de las compensaciones y dietas de los diputados. De momento, al personal eventual, adscrito a los grupos parlamentarios, tendrán menos ayudas sociales que los funcionarios de carrera.

Con el frente social abierto en todas las instituciones es probable que arrecien las protestas sindicales tras este verano, coincidiendo con el inicio del curso político. Desde los sindicatos se considera que se está ‘criminalizando’ a los trabajadores públicos como si fuesen los únicos responsables de la crítica situación financiera en la que se cuentan las instituciones públicas de Balears.