Una dependencia de la Administración, durante un día laborable. | M. Joy

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La Administración autonómica ha empezado a comunicar a funcionarios mayores de 65 años que tenían concedida una prórroga en su vida laboral que han alcanzado la situación de jubilación.

Es una consecuencia del decreto de medidas urgentes en materia de personal que el Govern aprobó a principios de junio y que el Parlament, con la abstención del diputado Antoni Pastor y el voto en contra de los partidos de la oposición, convalidó el pasado martes.

Entre veinte y treinta personas tenían concedida, según las normas estatales vigentes hasta ahora, su prolongación de la permanencia en el servicio activo, que es como se llama oficialmente la medida para evitar la jubilación. Hasta ahora se podía ir prologando de año en año hasta llegar a los setenta.

Excepciones

Con el nuevo decreto se suspende la posibilidad de alargar la vida laboral (salvo casos muy concretos) e introduce un nuevo sistema que, en la práctica, supone la «pérdida de derechos adquiridos», según la tesis de las personas afectadas que están preparando un recurso contencioso.

El decreto de medidas urgentes suspende derechos adquiridos por el personal de las administraciones públicas, tanto del régimen general como para el colectivo médico y el sanitario.

El artículo 9 del decreto establece algunas excepciones a la norma pero no impiden que personas de 66 o 67 años tengan que marcharse a su casa.

El decreto, tras su validación por el Parlament, fue publicado el pasado sábado. No se tramitará como ley.