Los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau. | Jaume Morey

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El fiscal, Juan Carrau, centró su informe de conclusiones en la participación de Munar en la compra de Vídeo U y las subvenciones concedidas a la empresa por parte del Consell. La acusación pública sostuvo que no existe «ninguna alternativa razonable» al relato que conforman las declaraciones de Nadal y los socios de Vídeo U, esto es, que la entonces presidenta del Consell intervino en la compra de la empresa y que, posteriormente autorizó las subvenciones a la misma. Frente a esto llegó a hablar de las «mentiras e incertezas» de la acusada.

Por contra, al ex president del Consell, Miquel Nadal apenas le dedicó unas frases para justiciar que tomó parte en la trama «de común acuerdo con Munar» y para justificar su petición de que se le conceda la atenuante de confesión como muy cualificada.

Sobre la declaración de los chóferes de Munar, Carrau quitó crédito a su valor para rechazar la versión de Nadal. Señaló que el ex vicepresidente ha dudado en la fecha a lo largo del procedimiento y que los conductores admitieron que no todos los desplazamientos se registraban: «Si esta persona iba en coche oficial a la peluquería, ¿cómo no lo iba a usar en los dos desplazamientos que hizo ese día?», aseguró.

También apuntaló el papel de Margalida Sotomayor, la otra acusada para la que pide seis años de cárcel. Eso sí, insistió en que el visto bueno a las subvenciones de Vídeo U quedaba por encima de ella: «La operación necesita a alguien superior a la señora Sotomayor. Esto le excede con mucho», afirmó.

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Carrau insistió en el espectacular incremento de la facturación de Vídeo U con el Consell a partir de la operación de compra en 2004, de hasta un 600 por ciento en 2005. Además indicó que cuando Munar pasó a ser presidenta del Parlament, la empresa también logró contratos con la cámara.

El letrado de la acusación popular planteó ayer su escrito de acusación –que fue impugnado– en el que no acusa ni a Munar ni a Sotomayor y que, básicamente cuestiona todos los atenuantes concedidos por la Fiscalía. En este sentido, Francisco Hernández afirmó que fue Nadal quien, a su juicio ordenó la subvención. Además, soltó varias puyas a la Fiscalía: «Me he intentado ceñir a lo plenamente probado».

Sobre la confesión de varios de los acusados, asegura que no se produjo de forma espontánea sino «cuando no tuvieron otro remedio».