Presencia policial en la concentración que tuvo lugar ayer en la Plaça Rei Joan Carles I. | Jaume Morey

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Escasa participación en la protesta celebrada ayer en Palma en defensa de la sanidad pública, universal y gratuita. La marcha prevista desde el Born hasta la Conselleria de Sanitat en Plaça d’Espanya fue suspendida por la escasa participación. Finalmente, se leyó el manifiesto a los concentrados.

La protesta fue convocada en las principales ciudades españolas por la Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad (RAAS).

Bajo el lema ‘Tu salud es su negocio’, varias decenas de personas se reunieron en la Plaça Rei Joan Carles I para denunciar la pérdida de calidad que implica dar entrada a las empresas privadas en la sanidad española.

Los manifestantes exigieron la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión y que permitió separar la financiación pública, de aquella destinada a la provisión de recursos en sanidad y que podía contar con financiación tanto pública como privada.

Dos manifiestos

Se sumaron a la concentración la parlamentaria del PSM-IV-ExM Fina Santiago, el líder de IniciativaVerds, David Abril, el reelegido secretario general del sindicato CGT, Pep Juárez, o el doctor Rafael Berlanga, entre otros.

En la convocatoria se leyeron dos manifiestos, ya que la plataforma francesa Hospitales Públicos se sumó a la RAAS para evitar la privatización de los hospitales en Francia.

Rafael Berlanga, que leyó el manifiesto, destacó que en Francia «un 30 por ciento de la población renuncia a la asistencia médica al carecer de recursos».

Fina Santiago aseguró que toda empresa privada «quiere beneficios que saldrán de los salarios y de la calidad de los servicios».

«Estas políticas neoliberales han convertido la sanidad en uno de los sectores más vulnerable», aseguró Santiago.

Repago

La red convocante denunció la implantación del actual modelo de concierto público-privado, al que calificaron de «depredador» y «expolio».

RAAS arremetió contra el copago, «repago» -dijeron- de las tasas añadidas a la carga impositiva que ya pagan los ciudadanos para mantener el sistema público.