Una de las últimas reclamaciones judiciales que ha llegado al Consell afecta a la finca de Son Puig, el edificio que se adquirió para acoger la sede de Televisió de Mallorca. El Consell dio marcha atrás en la compra ya que Cort no daba licencia para hacer las obras necesarias en la finca. Los propietarios reclaman ahora el pago de 12 millones de euros. | Joan Torres

10

El Consell de Mallorca tiene en sus manos un total de 21 demandas judiciales que suman peticiones de indemnización por un total de 612,2 millones de euros, casi el doble que el propio presupuesto de la institución insular. La presidenta del Consell, Maria Salom, asegura que se trata de una auténtica «espada de Damocles» que pesa sobre la institución y que puede tener efectos «irreversibles» sobre las finanzas del Consell.

La mitad de estas peticiones de indemnización corresponden a reclamaciones presentadas por los promotores contra el Plan Territorial. Suman 320,9 millones de euros. Uno de los promotores afectados por el Plan pide 164 millones por los perjuicios causados con la redacción de este plan territorial.

Protección

El Consell no quiere desvelar la identidad de las empresas que presentaron reclamaciones ya que lo impide la Ley de Protección de Datos, pero entre las empresas que anunciaron su intención de demandar se encontraban los propietarios de Es Guix, en Escorca, o los de sa Vinyola, en Llucmajor.

También son importantes las reclamaciones por la modificación del Consell de diversos planes urbanísticos. Las peticiones de indemnización en este apartado suman 189 millones de euros. La presidenta del Consell reconoció que la mayor parte de las sentencias en materia de territorio han dado la razón a las instituciones y han rechazado las peticiones de indemnización, pero también precisó que basta con que los tribunales acepten alguna de las peticiones para que los efectos sean «inquietantes». «Si alguna sentencia da la razón a los demandantes, sinceramente no sé cómo lo vamos a arreglar». Acusó al Pacte de «tomar decisiones a la ligera» que han puesto a la institución en una situación «límite». También reconoció que, una vez que las demandas están en los tribunales, es muy difícil negociar.