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Los cuatro juzgados de lo Social de Palma acumulaban hasta finales de 2011 un total de 7.824 asuntos pendientes y, de ellos, 1.582 corresponden a pleitos planteados por personas despedidas, sobre los cuales los jueces tienen que dictar sentencia, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La aguda crisis económica que está soportando España, en general, y Balears, en particular, se está traduciendo en un notable incremento de la carga de trabajo en los juzgados de lo Social, hasta el 60%, al pasar de los 4.626 asuntos que entraron en 2007 a los 7.824 de 2001.

Este año, los datos de la jurisdicción encargada de resolver litigios entre trabajadores y empresas, entre otros asuntos, se sitúan en un 185% solo en el primer mes del módulo previsto por el CGPJ como carga de trabajo.

Más juzgados

Pese a ello, en Balears no se han creado juzgados de lo Social desde hace diez años, mientras que en otras ciudades españolas de un tamaño aproximado, hay diez juzgados sociales en Las Palmas de Gran Canaria, u otros diez en Murcia.

Tanto abogados como graduados sociales de las Islas han reclamado insistentemente una amplicación de los medios humanos y técnicos para hacer frente a los que denomiman «saturación creciente» de los juzgados de los Social.

También, han expresado su preocupación por la amenaza de colapso de esa jurisdición el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, y el juez decano de Palma, Francisco Martínez.

El mayor número de pleitos entre trabajadores despedidos y los empresarios se concentratron en 2011 en las cantidades reclamadas por los primeros.

Los jueces resolvieron 2.163 asuntos de reclamación de cantidades, y tenían pendientes otros 4.315.

Las previsiones apuntan a que este año se superarán todos los registros en materia de litigios laborales en Balears.