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El consejo de administración de la Radio i Televisió de Mallorca, [M], instó ayer a un concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, para intentar frenar el embargo total y la subasta de bienes a raíz de la frustrada operación de compra de la finca de Son Puig.


Esta operación añade aún más incertidumbre al sector audiovisual y a las productoras de Mallorca que habían trabajado para la televisión y que se han quedado sin cobrar los 900.000 euros que, como primera parte del pago total de la deuda (más de 2,5 millones) les había prometido el Consell.

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El conseller de Presidència del Consell, Joan Jaume, culpó de la situación a los socialistas y a la anterior presidenta, Francina Armengol.


Subasta de bienes


«Me sabe muy mal haber llegado a esta situación, pero aquí hay una responsabilidad clara del anterior equipo de gobierno, de Francina Armengol y la anterior dirección de la televisión, que tras decir que tenían superávit, ocultaban un endeudamiento de 35 millones, contando las aportaciones del Consell y las de la propia [M]», dijo Jaume quien añadió que querían pagar a los proveedores pero que el embargo instado por Fomento podía impedir no sólo que cobraran estos, sino pagar a la decena de trabajadores que aún quedan en el canal insular. De no haberse declarado en suspensión de pagos, podían salir a subasta todos los bienes de la tele y arrastrar al Consell.