Miquel Nadal en una de sus últimas comparecencias ante el juez. | Jaume Morey

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La Audiencia de Palma juzgará en septiembre al exconseller de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal, que se enfrenta en una pieza del caso Voltor a una petición fiscal de 4 años y 4 meses de cárcel por dar supuestamente 13.080 euros de dinero público como gratificación a un concejal de su partido.

Nadal está acusado de los delitos de malversación y de prevaricación en el que será el primer juicio de esta causa de supuesta corrupción, que investiga el desvío de dinero en la legislatura 2007-2011 de empresas públicas -principalmente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur)- dependientes de UM, partido que a raíz de este escándalo fue expulsado del poder por el PSOE.

En esta pieza del caso también están acusadas otras cuatro personas: el concejal de Sóller que supuestamente recibió la dádiva, Bartolomé Plomer (1 año de prisión); el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre (2 años y 2 meses); el exgerente de Inestur Antoni Oliver (3 años y 6 meses) y la exdirectora de un centro dependiente de Inestur Luisa Tortella (3 años).

La causa se basa en las declaraciones de Plomer, quien afirmó ante la jueza instructora que recibió el dinero de Inestur por realizar un proyecto de pantallas táctiles para el que no se le pidió que hiciese «nada».

Aseguró que acudió a Nadal, entonces conseller balear de Turismo y en libertad bajo fianza por este caso, para hacerle saber los trabajos «muy extras» que estaba haciendo en su ayuntamiento, ante lo que el exconseller le dijo que «lo arreglaría» y, después de un tiempo, recibió 13.080 euros de Inestur en su cuenta bancaria.

En el escrito de acusación el fiscal afirma que Nadal decidió «de manera arbitraria beneficiar con fondos públicos» a Plomer, con quien mantenía una antigua amistad, por «servicios y colaboraciones prestadas en el seno de UM».

El fiscal explica que el también expresidente de UM hizo las gestiones necesarias para que se pagara a Plomer con un contrato por trabajos «innecesarios e inútiles» que «no entrañaban trabajo alguno».

De esta manera, «convenció y ordenó» a Sastre para que, conjuntamente con Oliver y Tortella, realizaran los trámites para esta contratación fraudulenta, que se pagó a Plomer el 30 de abril de 2009, cuando el trabajo lo realizaron empleadas del Inestur seis meses después, el 21 de diciembre de ese año.

En concreto, el proyecto lo contrató el Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas de las Islas Baleares (CITTIB), dependiente del Inestur y dirigido por Tortella, quien a su vez es la mujer de un sobrino de la expresidenta de UM Maria Antònia Munar.

El trabajo consistía en elaborar un servicio de información turística para las pantallas táctiles de la Serra de Tramuntana y, según el fiscal, lo realizaron varias empleadas del Inestur, ya que además Plomer no tenía conocimientos para hacerlo.

«Inestur no acreditó en absoluto que Bartolomé Plomer estuviera en condiciones legales de contratar con la Administración, ni que fuera técnicamente capaz, ni que existiera empresa o mercantil denominada 'Tomás Plomer Amengual' (a la que se otorgó el contrato)», afirma el escrito.

Por estos hechos, los cinco encausados serán juzgados los días 3, 4 y 6 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, acusados de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.