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En el juicio contra Jaume Matas ayer se habló apenas cinco minutos del ex president. Los nueve testimonios que se produjeron ayer tuvieron un protagonista: el autor de los discursos del president, Antonio Alemany. La Fiscalía buscaba probar con estas declaraciones que el periodista y empresario justificó con facturas falsas los 272.000 euros que cobró del Govern en el año 2006 a través de una subvención concedida a la Agencia Balear de Noticias. Además, las acusaciones sostienen que esta ayuda fue concedida por una orden del president del Govern, Jaume Matas para beneficiar a Alemany y que en ella colaboró el entonces director general de comunicación, Joan Martorell.

Uno de los primeros en ratificar la versión de las acusaciones fue el propio sobrino de Alemany, Miguel Mateo Oliver. Éste señaló que cobró al menos tres facturas de la empresa de Alemany que no correspondían a ningún trabajo. El testigo figuraba como administrador de la Agencia Balear de Noticias. Según declaró: «Mi tío nos pidió el favor porque no quería constar él». Así, hacía de testaferro para Alemany que era quien se encargaba en realidad del día a día de la empresa.

«Derecho a sueldo»

El testigo señala que el acusado le dijo que como administrador «tenía derecho a un sueldo», a pesar de que nunca se realizó ningún trabajo concreto para la empresa que había logrado la subvención. Así, envío tres facturas a la Agencia Balear de Noticias justificadas como ‘colaboraciones periodísticas'. La empresa luego las utilizó para justificar estos gastos ante el Govern. El testigo devolvió el dinero a la empresa, «por indicación de mi abogado». El primer día del juicio, Alemany en su declaración admitió que no había reintegrado esas cantidades al Govern: «Ahora me doy cuenta que hay que devolverlo», aseguró.

Otros cinco testigos -que trabajaban como autónomos para la empresa de Alemany- declararon que cobraban de la Agencia Balear de Noticias, pero que a la vez trabajaban para el periódico digital del acusado. La directora de este medio, Carmen Cordón, fue advertida en dos ocasiones por la presidenta del tribunal de que estaba bajo juramento y que, por lo tanto, tenía la obligación legal de decir la verdad. Dos de los redactores de estos medios señalaron que formaba parte de su acuerdo con Alemany trabajar con los dos medios. De esta manera, la Fiscalía pretende demostrar que Alemany empleaba la subvención para financiar su diario digital sin justificarlo ante la administración. En la jornada de hoy declararán más redactores de este medio con la misma finalidad.

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Sobre la concesión de la subvención, una funcionaria del Govern, Francisca Gomila, ratificó la versión del director general Joan Martorell. Éste había declarado que dio indicaciones para que se diera la máxima puntuación a la solicitud de Alemany. La funcionaria ratificó este extremo. Según declaró, ella se limitaba a ajustar las puntuaciones a los criterios que le daba el director general.

Subvención

Ante la pregunta del fiscal de si fue esto lo que ocurrió en el caso de la Agencia Balear de Noticias, la testigo aseguró que Martorell le indicó la cuantía que debía percibir la empresa de Alemany y que ella elaboró el expediente en consonancia. También declaró que Matas y Martorell comentaban las subvenciones que se otorgaban cada año.

Otra de las funcionarias, Margarita de la Portilla, declaró que Alemany nunca hubiera podido recibir una subvención si hubiera sido asesor de Matas.

La Agencia Balear de Noticias solicitó de nuevo subvenciones en el año 2007. En una primera convocatoria se agotó el presupuesto y no se llegó a analizar el proyecto. En la segunda, el Govern Matas sí había concedido el pago, pero tras las elecciones, la nueva directora general de Comunicación pidió un nuevo informe más detallado que llevó a que se rechazara.