Fotografía de archivo tomada el 20/01/2011 en Madrid, del duque de Palma, Iñaki Urdangarín. | Gustavo Cuevas - EFE - EFE

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La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un informe al titular del Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que considera que «no procede admitir la cuestión de competencia planteada por la representación de Jaume Matas», en relación al denominado ‘caso Urdangarín', una pieza separada del ‘caso Palma Arena' que desde hace dos años investiga el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro.
Antonio Alberca, letrado de Matas, había presentado un escrito reclamando para la Audiencia de Palma las competencias sobre la investigación de la supuesta trama del Instituto Nóos, debido a que las pesquisas se habían ampliado a Valencia y Barcelona.
Defensa
Anticorrupción señala en un comunicado que ese escrito de la defensa del expresidente del Govern en el que solicita que la Audiencia Nacional asuma la competencia de la causa, no explicita los motivos por los que deben ser tramitadas en esta sede judicial, y sólo «señala de manera un tanto vaga e imprecisa que probablemente los hechos, de ser ciertos, tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona, pero lo dicho es sólo eso, una mera suposición ayuna totalmente de un sustrato fáctico que la apoye». El Ministerio Público considera que se está en una fase inicial de la investigación y, por otra parte, «no consta mínimamente acreditado ninguno de los presupuestos que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional». Entre esos presupuestos, Anticorrupción menciona «defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas que supongan una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional».
Y también, «prejuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia». La investigación parte de la sospecha de Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de Baleares, Valencia y Barcelona para «apoderarse» de ellos.

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