El aeropuerto de Palma de Mallorca. | Redacción Local

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Los comités de empresa de Emaya y de la EMT intervinieron en el pleno del Ajuntament de Palma celebrado ayer para manifestar su oposición a las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Mateo Isern.

n Emaya. El presidente del comité de empresa de Emaya, Julián Sánchez, acusó a la dirección de hacer una campaña mediática en contra de los empleados y de querer imponerles las condiciones en el convenio colectivo. «Los trabajadores de Emaya estamos hartos de que nos ninguneen, de ver el furgón de la Guardia Civil cada semana en la puerta de Emaya y que nadie diga nada; y de que nos quieran bajar el sueldo. Los trabajadores no vamos a pagar lo que otros han robado», espetó. Por su parte, el presidente de Emaya, Andrés Garau, pidió flexibilidad laboral a los trabajadores para que la empresa pueda ser viable. En este sentido, destacó que no es factible pagar 140 euros a un peón, que serán 240 euros si un sindicato gana un recurso, por limpiar el domingo. Garau reiteró el compromiso del alcalde de que Emaya siga siendo una empresa pública, aunque el PP votó en contra de la proposición presentada por el PSOE que recogía este compromiso. El socialista Andreu Alcover se mostró muy crítico con la dirección de Emaya, a la que repochó que haya sacado a los trabajadores del consell d'admisnistración.

n EMT. «Estamos en desacuerdo con las decisiones tomadas por la dirección. Los ciudadanos se indignan al ver que ustedes suben las tarifas y recortan los servicios; se sienten estafados», asertó el presidente del comité de empresa de la EMT, Andrés Rodríguez, que invitó al alcalde a «dar una vuelta en bus». Además, denunció que se hayan realizado contrataciones y se pidan esfuerzos a los trabajadores. La asociación de vecinos de Son Roca también pidió que la línea 34 llegue hasta esta barriada para poder ir a Son Espases. En este sentido, el socialista José Hila dijo al presiente de la EMT, Gabriel Vallejo, que «han conseguido unir a los trabajadores y usuarios en contra de su política de la EMT». Además, Hila pidió al gobierno municipal que destine el dinero de la Ley de Capitalidad a la compra de autobuses. Al igual que Garau, Vallejo también justificó los recortes y la subida de tarifas para «garantizar la viabilidad de la empresa; la EMT está quebrada», subrayó. En relación a las contrataciones, Vallejo anunció que se ahorran 15.137 euros anuales respecto a la pasada legislatura.

n Cambio de nombre. El pleno también aprobó ayer, con los votos en contra de la oposición, cambiar el nombre de Palma por el de Palma de Mallorca; para ello debe modificar la Ley de Capitalidad en el Parlament. PSOE y PSM-IV-Entesa reprocharon al gobierno que cambie el nombre de Ciutat, ya que no es una demanda ciudadana. El portavoz de la Unió d'Associciones de Mallorca, Pere Felip, acusó al PP de intentar el «retorno del folklorismo y la desnaturalización de una ciudad cargada de historia y personalidad». La Federación de Asociaciones de Vecinos también se opuso al cambio. El portavoz municipal, Julio Martínez, explicó que se trata de reconducir una situación, ya que el nombre fue cambiado en 2008 en el Parlament, sin consultar a Cort.

n Urbanismo. El pleno igualmente aprobó recuperar las competencias urbanísticas que otorgaba la Ley de Capitalidad y que el gobierno de Calvo entregó al Consell de Mallorca. Martínez destacó que esta medida permitirá acelarar los trámites urbanísticos y dinamizar la economía. Los partidos de la oposición también exigieron al gobierno municipal que reclame al Govern los 24,5 millones de euros de la Capitalidad de 2012; Alcover no descartó que el PSOE recurra a los tribunales. Martínez recordó que se compensará con el parque de bomberos de Son Malferit porque no se puede incrementar más la deuda.

n Corea. ‘Corea' fue otro de los temas que se abordaron en el pleno. El teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, reiteró que los vecinos del bloque XII que quieran volver a la barriada podrán hacerlo cuando esté terminado el proyecto, que aún no está decidido. Por ello, han ofrecido a los propietarios del bloque XII permutar sus viviendas por los pisos puentes en los que se encuentran o por otros inmuebles municipales. La oposición exigió que se termine la rehabilitación del bloque XII; en el pleno hubo intervenciones a favor y en contra de la actuación del gobierno.