Rafel Bosch y Simón Gornés, durante la rueda de prensa. | Joan Torres

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El Consell de Govern aprobó ayer nuevos recortes para los funcionarios. A partir de ahora, el Ejecutivo prohíbe contratar nuevos interinos, y tampoco se pagarán ni complementos de productividad ni horas extras a los trabajadores públicos. La medida se aplicará hasta diciembre de 2012.


El conseller d'Administracions Públiques, Simó Gornés, informó sobre los recortes. En primer lugar, el Ejecutivo suspende el nombramiento de personal funcionario interino y la prórroga del nombramiento de aquellos funcionarios adscritos a programas temporales para atender necesidades urgentes.


Además, el Govern que preside Bauzá también ha prohibido el pago del plus de productividad a los funcionarios, así como las horas extras. Solo se abonarán horas extras en casos extraordinarios.


Las excepciones

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El conseller Gornés citó como ejemplo los servicios de emergencias y Presidència del Govern. Los departamentos de protocolo, relaciones públicas, el chófer del presidente y de los consellers no se verán afectados por los recortes de las horas extras.


«Todo el trabajo deberá hacerse en horario normal», subrayó Gornés. El complemento de productividad no se paga a todos los funcionarios y cuando se abona es de forma excepcional. Los consellers o los directores generales son los encargados de proponer el pago de dicho complemento en función de la productividad de determinados trabajadores públicos. Gornés comentó que algunos complementos pueden alcanzar los 3.000 euros. «No sabemos cuánto ahorraremos con estas medidas», admitió Gornés.


Asimismo, el titular d'Administracions Públiques concretó que la decisión de poner a trabajar a 89 liberados sindicales supondrá un ahorro para las arcas del Govern de 3,1 millones de euros. Pese a la decisión sobre estos liberados, Gornés recordó que todavía habrá otros 280 que disponen de horas sindicales. El conseller d'Administracions Públiques recordó que las horas de los liberados se pueden agrupar en un solo sindicalista. Es decir, si un determinado número de liberados lo desea, puede renunciar en favor de otro sindicalista, que no tendría ninguna obligación de fichar en la Administración autonómica.


Precisamente, el presidente Bauzá, acompañado por el conseller Antoni Gómez, mantuvo un encuentro en el Consolat con los representantes de los sindicatos para analizar la actual situación.