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«Nunca tuve conocimiento de que trabajaba para la Administración», declaró el cantante argentino de tangos Adolfo Osvaldo Frías ante la juez y el fiscal del 'caso Voltor', imputado en la pieza separada de los supuestos 'empleados fantasmas' de Unió Mallorquina.

Frías, que presidió el centro cultural argentino Martín Fierro, explicó que realizaba encuestas para UM contratado por el exdirector de Relacions Institucionals del Consell de Mallorca Josep Lliteres. Los resúmenes los entregaba en la sede de UM de la calle Sindicato de Palma directamente a Lliteras, afirmó el imputado a una pregunta de la abogada Francisca Pol.

Trabajo de campo
«Lliteres era el que controlaba mi trabajo y por el cuál recibía 500 euros. Nunca fui a trabajar al Cilma (Consorcio de Informática Local de Mallorca) como ha asegurado el señor (Eugenio) Losada (exgerente de esa entidad pública). No tenía conciencia de que estaba trabajando para UM, ya que me dijeron que las encuestas eran para una empresa privada y no pública», declaró Frías.

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La comparecencia de Frías ante la juez Carmen Abrines y el fiscal anticorrupción Miguel Àngel Subirán se ha registrado después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos 'empleados fantasma', presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.

En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación. Unas iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

Ayer, asimismo, declararon en calidad de imputados dos extrabajadores del Cilma, Rocío Lambea y David Soto, cuya labor consistía en rellenar fichas con vecinos de distintas barriadas de Palma.

Lambea aseguró que sus encuestas las entregaba a Coloma Castañer, exsecretaria general técnica de la conselleria de Cooperación Local del Consell de Mallorca, y Soto explicó que firmó un contrato «mileurista» de auxiliar encuestador, y que también hacía catas de vino entre los jóvenes.