Así lo dijo en su declaración, que figura en el sumario de las últimas pesquisas del caso Ibatur que derivaron el pasado junio en una operación anticorrupción con el arresto de varias personas, entre ellas el exconseller de Turismo de UM Miquel Nadal.
Entre los arrestados también estaba Joan Sastre, exgerente de Ibatur, quien pasó a disposición judicial y negó las acusaciones de la trabajadora de Ibatur, según el sumario cuyo secreto se ha levantado esta semana.
La testigo afirmó a la policía que trabajó en Ibatur desde marzo de 2009 hasta junio de 2010 en calidad de técnico superior de la asesoría jurídica, con lo que era la responsable de este departamento.
Narró que recién llegada al instituto público, Juan Sastre le dijo que había que hacer un contrato de audiovisuales por un importe de 60.000 euros y mediante un negociado sin publicidad con la empresa Vídeo U.
Cuando pidió explicaciones de por qué se tenía que hacer con esa productora y de esta manera, la adjunta a la Gerencia de Ibatur le dijo que esa empresa era «del partido», en referencia a UM.
La testigo afirmó que Sastre le dijo luego las dos empresas que debía invitar al expediente, con el objetivo de darle apariencia de legalidad, cuando en realidad ya estaba concedido a dedo a Vídeo U.
Explicó que esta factura, sin embargo, no se le llegó a pagar a la productora, ya que coincidió en el tiempo con la confesión judicial del exconseller Nadal de que la empresa la habían adquirido él y la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar, mediante testaferros.
«En muchas ocasiones venía Joan Sastre y nos traía un proyecto con empresas determinadas o con ciertos eventos. Me decía que 'había que hacerlo' para que se tramitase como un convenio de patrocinio, pese a que a veces no era este el mecanismo adecuado», dijo la testigo.
Posteriormente, cuando Sastre fue detenido en junio declaró ante el juez de Ibatur: «no es cierto que dijese u obligase con algún tipo de expresión coactiva, diciendo que algo se tenía que hacer sí o sí, a lo máximo fue decirles que miraran algo con cariño».
Aseguró además que nunca ordenó el fraccionamiento de contratos, aunque añadió que «tal vez» era una práctica de Ibatur «con el visto bueno del asesor jurídico»
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En esta noticia se describe el proceso maquiavélico contra los funcionarios públicos. Los políticos prefieren tener a su lado a gerentes y asesores puestos a dedo porque a todo lo que piden y dicen, les dan la razón y a mandar, o a la puñetera calle, que para esto te he puesto yo (el político). Sin embargo un funcionario público no siempre concede la razón al político sino a la ley, y eso jode a los políticos la hostia, con lo que ya les va bien que digan que los funcionarios son unos vagos, etc... buena excusa tienen para poner asesores y demás mercenarios afines a su causa.