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Recuperar el crédito de Balears ante los inversores ofreciendo seguridad jurídica. Este es el principal objetivo que el futuro Govern que presidirá José Ramón Bauzá se quiere marcar a corto plazo. Por este motivo ya se tiene en estudio un paquete de medidas que permitirían desbloquear grandes proyectos que en la actualidad se encuentran paralizados por razones 'políticas', según se interpreta en el entorno más próximo del dirigente conservador.

Las premisas que se consideran imprescindibles que se cumplan para lograr el apoyo gubernamental son, básicamente, dos: inversión y puestos de trabajo. La razón central de acometer con urgencia la reactivación de grandes proyectos en Balears se basa en el convencimiento de que, a la vista de la situación financiera en la que se encuentra la Comunitat Autònoma, sólo la iniciativa privada podrá reactivar con solvencia la economía de las Islas ya que se descarta cualquier posibilidad de que la inversión pública tenga posibilidad de ser un 'motor' económico.

Con estas condiciones previas, un reducido grupo de asesores de Bauzá ya está trabajando en lo que será un plan de reactivación económica, el cual, según ha trascendido, podría afectar a una docena de proyectos que en la actualidad se encuentran paralizados por cuestiones de índole política y no técnica.

Ses Fontanelles

Uno de los primeros proyectos a los que el Govern podría dar luz verde sería el de Ses Fontanelles, que cuenta con todos los permisos y licencias desde 2004, pero sobre el que el Govern aprobó en noviembre de 2007 un decreto de paralización indefinida. Los promotores de esta iniciativa han interpuesto una demanda al Govern reclamando 210 millones de euros en concepto de reclamación del lucro cesante.

Ses Fontanelles pretende la construcción de un gran centro comercial de 94.000 metros cuadrados de superficie y que generaría alrededor de 6.000 puestos de trabajo. Este proyecto, que pretende la desestacionalización de la Platja de Palma, supondrá una inversión de 200 millones de euros.

Otro de los proyectos que podría entrar en el plan de choque del Govern es el del campo de golf de Son Bosc, en el término municipal de Muro. El pasado mes de febrero, el Govern, a propuesta de la Conselleria de Medi Ambient, decidió ampliar en 64 hectáreas la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de s'Albufera, medida que obligó a prolongar la paralización de las obras que se había decretado en septiembre del pasado año.

Para los actuales responsables del Partido Popular la ampliación de la ZEPA de s'Albufera sólo se sustenta en decisiones políticas y no técnicas, toda vez que la pretensión no era otra que impedir la construcción de un nuevo campo de golf en Mallorca, a pesar de que ya contaba con todas las autorizaciones previas. En opiniòn del PP el Govern que preside el socialista Francesc antich se plegó a las presiones de los grupos ecologistas, soslayando el interés general.

Desde el entorno de Bauzá no se quieren adelantar los plazos, aunque todos los indicios apuntan a que las primeras decisiones ya se anunciarán a las pocas semanas de la constitución del nuevo Govern, prevista para finales de este mes de junio.