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El fiscal anticorrupción Juan Carrau solicitó ayer al juez instructor del 'caso Son Oms', Juan Ignacio Lope Sola que retuviera a la supuesta testaferro de Bartomeu Vicens, Elizabeth Dieguez, para la práctica de diligencias judiciales, que consistían en el registro de su domicilio en busca de documentación de la empresa Metalumba que ella administraba.

La petición del fiscal ofuscó a los abogados de Dieguez, Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, quienes a viva voz y en pleno desarrollo de la vista, expresaron su rechazo a la medida solicitada con el argumento de que la imputada es funcionaria y siempre había comparecedido al llamamiento judicial.

Derecho

Dieguez se había negado a responder a las preguntas del Ministerio Público sobre la contabilidad de Metalumba, y sus letrados interpretaron que con la petición del fiscal se estaba conculcando gravemente el derecho constitucional de no declarar.

Las discrepancias subieron de tono en algún momento, y las voces pudieran ser escuchadas desde los pasillos del juzgado.

El fiscal se mantuvo firme en su petición, y los abogados tuvieron que comprometerse a aportar al sumario de la causa, y en el menor tiempo posible, la contabilidad de Metalumba. Dieguez abandonó el juzgado sin mayores problemas y al mediodía, sus abogados hicieron llegar la documentación requerida. Metalumba es una sociedad que pertenece a Vicens -que cumple una condena de tres años de cárcel- y a su mujer, Antònia Martorell, y según las investigaciones, constituye una pieza clave en los casos 'Son Oms' y 'Maquillaje'.

El juez, precisamente, ordenó recientemente al banco que alquila una caja de seguridad a Metalumba, que informara si habían habido movimientos en esa caja. Esa diligencia fue ordenada cuando la mujer de Vicens fue sorprendida intentando hacer llegar a su marido en la cárcel 11.000 euros en billetes de 500 ocultos en el interior de unas zapatillas deportivas.