Momento en que la denunciante del 'caso Picnic' accede a la Fiscalía con una caja.

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El 11 de febrero de 2010, a las 11,30 de la mañana, el vigilante de la Fiscalía de Balears encontró junto al escáner y el arco de seguridad una caja de cartón de color verde con la leyenda «UM fiscal delitos económicos».

En su interior, había abundante documentación dando cuenta de hechos presuntamente ilícitos cometidos por responsables del Àrea de Medi Ambient del Ajuntament de Palma.

Una mujer, denunciante anónima, tardó pocos segundos en abandonar precipitadamente la sede palmesana del ministerio público, pero fue grabada por las cámaras de seguridad.

'Operación Picnic'

Así arrancaba lo que más tarde se conocería como la 'operación Picnic', cuyo primer balance arroja 40 declaraciones de imputados y testigos, seis registros a empresas, a un partido político (UM) y domicilios particulares, según consta en el sumario hecho público esta semana.

Meses después, la denunciante expresó a la policía su deseo de abandonar el anonimato. C.C.O. declaró que la oficina en la que ella trabaja como administrativa, ubicada en la calle Padre Francisco Molina, 25 de Palma, era la «tapadera» de una oficina electoral de Unió Mallorquina, «donde se llevaban a cabo actividades de naturaleza electoralista y de promoción de esa formación política», según señala la denunciante. Dijo que tenía en su poder la documentación aportada porque la obligaban a trabajar en casa. «Trabajaba el 97% del tiempo para UM y el 3% restante para el Ajuntament», señaló.