Imagen de archivo del 'botellón' en el Passeig Marítim de Palma. | cRISTIÁN CASTRO

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El pleno del Ajuntament de Palma aprobará este mes de febrero definitivamente la ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos, más conocida como la ordenanza del ''botellón''. Lo más probable es que el futuro marco normativo se apruebe por unanimidad, como sucedió con la aprobación inicial. De momento, PP y PSOE ya han dado el visto bueno a la ordenanza.

Al citado documento se han presentado unas 100 alegaciones, pero las que se han aceptado no modifican el aprobado inicialmente, sino que hacen referencia básicamente a mejoras de redacción.

Desde el PP de Palma puntualizaron que darán apoyo a la ordenanza del 'botellón' «por responsabilidad», ya que es fundamental resolver este problema antes de que comience la próxima temporada turística, especialmente para comerciantes, restauradores y vecinos de los zonas más afectadas. «No es la ordenanza que hubiésemos aprobado nosotros», matizaron esas mismas fuentes, que añadieron que estarán pendientes de su aplicación por si hay que realizar modificaciones. Los populares apostaban por hacer una ordenanza específica sobre el 'botellón' y en un futuro hacer otra, más genérica que la que se aprobará próximamente, que regulase el uso cívico de los espacios públicos.

Menores

Esta ordenanza entrará en vigor el próximo mes de marzo, ya que si se aprueba en el pleno de febrero, como está previsto, será de aplicación tras su publicación en el BOIB.

A partir de ese momento, los menores de 18 años no podrán beber en la vía pública. La entrada en vigor de la ordenanza también prohibe el 'botellón', entendido como la concentración de personas en la calle que provoca una alteración del orden público.

Aunque ya hay acuerdo entre PP y PSOE, los dos partidos mayoritarios, aún se tienen que cerrar algunos flecos como qué órgano delimitará las zonas de especial protección.

Pese a todo, desde el PP de Palma destacaron que esta ordenanza se ha consensuado mucho, especialmente gracias a la predisposición de la regidora d'Educació i Igualtat, Cristina Ferrer.