Un agente traslada documentación de la 'operación Cloaca'.

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Dos técnicos del Consell de Mallorca, el ingeniero técnico B.P., y la economista M.M., declararon ayer en calidad de imputados ante el juez instructor de la 'operación Cloaca' que se limitaron a cumplir «órdenes de arriba» y, al mismo tiempo, insistieron en proclamar su inocencia en el interrogatorio al que ayer fueron sometidos por los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán en el Juzgado de Instrucción 9 de Palma.

Tanto B.P. como M.M., defendidos por los abogados Bartomeu Oliver y Josep de Luis, respectivamente, se ratificaron en las declaraciones que ya prestaron en la sede de la Policía Nacional cuando fueron detenidos, según confirmaron fuentes judiciales. Es decir, insistieron en que su labor era solo la de gestionar y supervisar la gestión de residuos a través de premisas dictadas por los responsables políticos.

La 'operación Cloaca' se está investigando bajo secreto del sumario y ya han comparecido ante el juez, además de los técnicos del Consell de Mallorca, los principales inculpados, el ex director insular de Residuos Guillem Riera y el empresario de Manacor Simón Galmés Veny, propietario de la empresa Ses Nostres Eines.

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Sistema de facturación

Uno de los elementos de la investigación que los fiscales y el juez intenta dilucidar es quién dio la orden o autorizó el cambio en el sistema de facturación realizado en 2007.

Esa modificación permitió a las empresas adjudicatarias del servicio de recogida selectivo de residuos hinchar las facturas para compensar lo que no ingresaban ante lo que consideraban competencia desleal de los ayuntamientos que disponían de su propio sistema de recogida de basuras. Esa sobrefacturación ascendería a 1,6 millones de euros. También, las pesquisas se han centrado en analizar la abundante documentación incautada en los diversos registros realizados. Tras la declaración de los técnicos, la Fiscalía Anticorrupción no consideró necesario solicitar al juez Enrique Morell que dictara medidas cautelares para ambos, como sí lo pidieron para Riera y Galmés, en libertad sin fianza, aunque han tenido que entregar su pasaporte, además de tener que presentarse en el juzgado cada quince días.