Gonzalo Pascual (izquierda), en una foto de archivo junto a su socio en Marsans, Gerardo Diaz Ferrán. | MARCOS BRINDICCI - REUTERS - X90

0

La Policía Nacional ha confirmado que Gonzalo Pascual no ha sido imputado en la Operación Mar Blau en su condición de responsable de Trapsayates, ni se le ha interrogado en calidad de testigo, debido a que no consta que participara en una presunta trama de concursos amañados por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares a la empresa Trapsayates para la gestión de los amarres del Puerto de Maó.

Así lo han informado a Europa Press fuentes policiales, que han señalado que, pese a que no ha sido imputado, no se descarta que Pascual sea llamado a declarar durante la fase de instrucción judicial, después de que la Policía haya entregado al juez de instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, el atestado de la Operación Mar Blau.

El atestado ha sido entregado después de que los agentes policiales interrogaran durante la pasada semana a nueve personas en calidad de imputadas, entre las que destacan el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán; el presidente y ex-presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, y Joan Verger, respectivamente, y el administrador de la sociedad Teinver, que es la sociedad matriz de Trmpsayates.

Todos ellos fueron interrogados en torno a la concesión a Trapsayates de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación aprobada en 2008 y en la que se centran las pesquisas por haberse producido un presunto trato de favor hacia este grupo de empresas, perteneciente al grupo Marsans.

La Operación, durante la cual no se ha producido ninguna detención, se ha dado por cerrada a nivel policial, por lo que, a partir de ahora, quedará en manos exclusivamente del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma.

Concretamente, se está indagando si durante el mandato del ex presidente de la APB, Joan Verger, se habrían producido las principales irregularidades investigadas en estas diligencias, que tratan de averiguar la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la APB en el marco de estas adjudicaciones.

Las indagaciones apuntan a que la convocatoria para la concesión de la explotación de los amarres, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre Joan Verger y el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Angel Matías, con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación.

Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas. La concesión pasaba por la gestión de los atraques por parte de Trapsa durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora.