Xisca Oliver -derecha- abrió las intervenciones en la convocatoria de ayer.

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La gestión de los residuos urbanos para su reciclaje, particularmente de los envases plásticos y metálicos, y de papel y cartón, acaba repercutiendo notablemente en los ayuntamientos y por tanto en los ciudadanos, a pesar del impuesto que se cobra a las empresas envasadoras para pagar los costes de recogida y tratamiento selectivo.

Esa paradoja social y monetaria fue puesta de manifiesto ayer en la jornada «¿Cuánto cuesta a los ayuntamientos la gestión de los residuos», organizada por ALCAIB, Amics de la Terra, Fundació Deixalles, GOB y Greenpeace, en el ParcBit de Inca, y a la que asistieron regidores y técnicos en el ámbito medioambiental de municipios mallorquines.

Conforme a los datos de las entidades ciudadanas y conservacionistas que organizaron la cita de ayer, los llamados Sistemas Integrados de Gestión (SIG) por los que han optado la mayoría de los municipios tras las leyes sobre residuos que operan en España desde 1998, no consiguen que se lleve a efecto el «principio de responsabilidad de los productores», y en su opinión, por contra, son los propios consumidores quienes asumen el precio final de los envases, tanto en la factura inicial de mercado como en las tasas e impuestos que satisfacen a la municipalidad en la que residen.

De hecho, la 'Plataforma per la Reducció de Residus de Mallorca' entiende que «el coste de la parte de esos productos que no es depositada en los contenedores específicos para su reciclaje no se cobra cuando los ayuntamientos operan mediante el sistema SIG».

En cifras de la Plataforma, al menos una tercera parte de esos residuos que la población deposita en los contenedores específicos no son susceptibles de reciclado y acaban simplemente en la incineradora».