Susanna Schiacovelli, en una imagen de archivo. | Archivo UH

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La ex directora del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Susanna Schiacovelli, y el ex director general de Ordenación y Planificación Turística, Carlos de Salvador, no han comparecido esta mañana a declarar en calidad de testigos tal y como estaba previsto dentro del caso Voltor, que indaga la presunta malversación de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur).

Las comparecencias habían sito solicitadas por la defensa del ex conseller de Turismo e imputado en este procedimiento, Miquel Nadal, asistido por el letrado José Zaforteza, a fin de explicar la dinámica y el funcionamiento tanto del Ibatur como del Inestur.

Los que sí han acudido a testificar son el ex jefe de prensa de la Conselleria, Pedro Aguiló, y su sustituta en el cargo, Irene Rigo.

Las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento dentro de esta causa, en el marco de la cual han sido detenidas una veintena de personas, apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

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Varios políticos imputados

Entre los arrestados en el marco de este procedimiento, cuyo secreto fue levantado el pasado 14 de abril, se encuentran Nadal y el también ex conseller de Turismo Francesc Buils, así como los ex directores generales del Govern, Antoni Oliver y Joan Sastre, el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y varios empresarios vinculados a la formación 'uemita'.

En concreto, nueve de los detenidos se encuentran en libertad bajo fianza, de los cuales cinco, Nadal, Flaquer, Sastre, Oliver y el contable de UM Alvaro Llompart, eludieron ingresar en prisión tras depositar cauciones de entre 75.000 y 100.000 euros que el juez les impuso el pasado 6 de febrero. Mientras, en la segunda fase de la operación, Buils, el empresario Jacinto Farrús y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, tuvieron que constituir 100.000 euros de fianza el pasado 19 de marzo.

Unas detenciones que provocaron una crisis sin precedentes en el Govern balear, cuyo presidente, Francesc Antich, expulsó el 5 de febrero -el mismo día del arresto de Flaquer y Nadal- a todos los cargos ejecutivos de UM del Ejecutivo balear, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. De esta manera, el PSIB rompió el pacto de gobernabilidad firmado con los 'uemitas' en 2007, y decidió gobernar en minoría con el Bloc en las tres instituciones, donde el PP es el partido con mayor representación.