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La ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antonia Ordinas, una de los principales imputados en el «caso Scala», tendrá que declarar el próximo 8 de octubre ante el juez de otra causa de supuesta corrupción, el «caso Ibatur», en el que también está imputada.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Ordinas está citada ese día a declarar por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de investigar el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Instituto Balear de Turismo, un organismo dependiente de la Conselleria de Turismo durante la pasada legislatura del PP.

La ex gerente del CDEIB reconoció en el marco del «caso Scala» el cobro de comisiones a empresas que trabajaban para el consorcio y afirmó que este dinero se lo repartían entre ella, el ex conseller del PP Josep Juan Cardona, y el ex director general Kurt Viaene.

Algunas de estas empresas que supuestamente pagaron comisiones tienen vínculos con el «caso Ibatur» por haber sido contratadas también por este instituto, un aspecto por el que será interrogada Ordinas.

El juez Lope Sola también ha citado a declarar, el 13 de octubre, al ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré, sobrino político del ex presidente Jaume Matas (PP).

Ferré también está imputado en el «caso Scala» y declaró hace unos meses ante la policía por «caso Ibatur», cuando afirmó que el ex conseller de Turismo del PP Joan Flaquer le indicó al ex gerente de Ibatur Raimundo Alabern que le diera un «sobresueldo» por organizar un viaje a China.

Esta gratificación se articuló, según Ferré, mediante un contrato simulado de 5.500 euros por traducir tres nombres al chino, aunque finalmente le llegaron 1.500 euros de este dinero, ya que el resto se lo quedaron Josep Juan Cardona, Antonia Ordinas y Kurt Viaene -que poseían varias empresas con él-.

Además, Ferré admitió que se hincharon facturas del Ibatur hasta 12.000 euros cuando realmente se pagaron servicios mucho menores, hasta de 700 euros.

También reconoció que algunos conceptos de facturas eran inventados y que un estudio por 12.000 euros se copió de internet, así como que se fraccionaban facturas.

Preguntado acerca de por qué Alabern le pagó facturas por servicios inexistentes o hinchadas, Ferré afirmó que porque él era sobrino de Matas y no se le «discutía nada de lo que presentaba», y recordó que él comenzó a trabajar en la Conselleria de Turismo gracias al ex presidente.

Asimismo, indicó que se servía de la empresa Espiral -dotada con numerosos contratos del Ibatur- para pagar los «extras» de cenas y copas, gastos que luego se facturaban al instituto público.

Esto lo hicieron, explicó, a raíz del «caso Rasputín» de malversación que salió a la luz en 2003, sobre el pago con dinero público de un club erótico en Rusia.

De esta manera, añadió, se interponía una empresa privada y así los responsables de Ibatur continuaban «tomando copas y cenas con cargo al erario público sin tener que justificar nada».

Antonio Alemany, de nuevo ante el juez por el 'Palma Arena'

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha citado a declarar el próximo viernes, día 24, al periodista Antonio Alemany en el marco de una de las piezas separadas del caso Palma Arena, después de que éste solicitase al magistrado comparecer de forma voluntaria para aclarar el funcionamiento y la dinámica de dos medios de comunicación vinculados al que fuera asesor externo del ex presidente del Govern, Jaume Matas.

Así lo han informado fuentes del caso a Europa Press, que han precisado que el periodista, imputado en concreto en la pieza número 2 del caso Palma Arena, solicitó hace una semana deponer ante el juez tras los interrogatorios de varios de los empleados que trabajaron en la Agencia Balear de Noticias (ABN) y en el diario digital Libertad Balear, pertenecientes a Alemany, que fueron citados a fin de esclarecer la procedencia del dinero que percibieron.

En esta misma línea, el segundo de los 25 flecos en que se divide esta compleja causa investiga la subvención de 449.734 euros que percibió en 2006 por parte del Govern ABN, «plenamente identificada» con Alemany, pese a que en nombre de la misma se presentó su sobrino, Miguel Oliver, tal y como expuso el magistrado en el auto que dictó para decretar prisión bajo fianza de tres millones de euros contra Matas.

Al respecto, Castro considera «significativo que en las relaciones de proveedores que acompañan a las justificaciones aparezca Antonio Alemany como proveedor a nivel particular, facturando 28.789 euros entre 2006 y 2007, lo que también hacen aunque en cantidades inferiores» Miguel y Lucía Oliver, sus sobrinos.

De forma paralela, las investigaciones de esta pieza giran en torno a la contratación de Alemany por parte de Matas a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Govern tramitó por vía de urgencia a principios del pasado mandato un concurso público para un proyecto de asesoramiento, y la única empresa que se presentó al concurso fue Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por presuntamente mediar en una financiación irregular del PP.

A tenor de las indagaciones efectuadas al respecto, cada mes Nimbus cobró 4.000 euros por estos presuntos trabajos de asesoramiento y comunicación, cantidad que a su vez coincide con la percibía Alemany de la agencia publicitaria a través de su empresa, por lo que se sospecha fue contratado directamente por el Govern sirviéndose de la mediación de Nimbus para simular la contratación. Matas fue contundente cuando fue interrogado por Castro al respecto: «desconozco cómo se llevó a cabo el procedimiento».